La postergación de penas a represores desató la bronca
La declaración de los condenados se pasó para el 28 y el dictado de la sentencia, para enero de 2016.
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El enojo de familiares y víctimas se sintetizó en las palabras de Inés Ragni, madre de Plaza de Mayo filial Neuquén y Alto Valle, quien dirigiéndose a los jueces Coscia, Eugenio Krom y Mariano Lozano dijo: "No nos obliguen a hacer lo que no hemos hecho en 40 años. Ustedes están para hacer justicia. Justicia es lo único que estamos pidiendo". Sin sacarle la mirada a los jueces, con tono firme, Ragni expresó: "Queremos que los genocidas estén aquí presentes y que nos digan cara a cara qué hicieron con nuestros hijos". Y agregó: "Ellos (por los condenados) se las dan de enfermos y que tienen cáncer, ¿nosotros qué?".
La postergación generó el repudio de la Fiscalía y querellantes. Cecilia Fanessi, abogada de la APDH, afirmó: "Decir que no se hace una audiencia prevista con bastante tiempo es un mensaje de impunidad para las víctimas y para la sociedad. No es sólo falta de responsabilidad institucional de la Justicia, sino también del Estado".
Las querellas del Ceprodh y de la APDH pidieron la detención y el traslado por peligro de fuga del comandante de Gendarmería de Junín de los Andes, Emilio Sachitella, y del miembro de Inteligencia del Ejército, Jorge Gaetani, absueltos en 2012. También solicitaron la misma medida para el ex mayor del Ejército, Gustavo Vitón.
"Pediremos que estos juicios se hagan como con cualquier ciudadano que comete un delito, que estén presentes dando la cara a los jueces, a las víctimas y a la sociedad". Noemí Labrune. Integrante de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH)
"Cada día que pasa hasta que no estén las penas se perpetúan los mecanismos de impunidad. Es una vergüenza la suspensión, cuando la audiencia estaba prevista hacía tiempo". Cecilia Fanessi. Abogada querellante. de la APDH
Guglielminetti lee sobre neurociencias
"Estar en la cárcel sin haber salido ni una sola vez por una urgencia médica o acontecimiento familiar agrava mi situación desde lo humano", dijo ayer el ex agente de Inteligencia, Raúl Guglielminetti, desde el penal de Marcos Paz, durante su audiencia de conocimiento en la causa Escuelita II por el que fue condenado a 12 años de prisión.
El "Mayor Guastavino", como se hacía llamar en los centros clandestinos de detención de la última dictadura, fue el único condenado que ayer declaró por videoconferencia ante el Tribunal Oral Federal de Neuquén. "No sé si estoy bien, seguro que estoy mal por los años de encierro", expresó generando el repudio a través de los gestos y el rumor en voz baja de familiares de víctimas e integrantes de organismos de derechos humanos presentes en el salón de Amuc.
A los 74 años, Guglielminetti señaló que a medida que pasa el tiempo en prisión "nos falta visión del futuro". Comentó que su mujer tiene un problema de discapacidad y que su familia recibe como ingreso económico "la jubilación de mi mujer, un subsidio por los tres nietos que quedaron huérfanos de mi hija y yerno fallecidos y un peculio por trabajar en el área de mantenimiento del penal".
Reconocido por víctimas y testigos como responsable del grupo de tareas que secuestró y torturó en la delegación Neuquén de la Policía Federal, Guglielminetti dijo que pasa sus días leyendo al neurólogo y neurocientífico argentino Facundo Manes, "que me ayuda a sobrellevar esta interpretación de la construcción de la memoria".
Sobre la orden de la Cámara de Casación de aumentar el monto de su pena en esta causa, afirmó que "todo volvió a fojas cero después de un largo debate de juicio".
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