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La Mañana José López

Piden junta médica para ver si la madre Alba es imputable

El fiscal Delgado busca saber si está apta para afrontar un proceso penal.

Buenos Aires
El fiscal federal Federico Delgado pidió convocar una junta médica para resolver si la hermana Alba, la religiosa de 95 años del monasterio de General Rodríguez donde José López intentó esconder casi 9 millones de dólares, está en condiciones de soportar una causa penal en su contra por encubrimiento del ex secretario de Obras Públicas del gobierno kirchnerista.

El planteo fue hecho al juez federal Daniel Rafecas ante “la ambigüedad de los informes médicos y la trascendencia del alcance de la medida”, en caso de resolverse la inimputabilidad de Alba Díaz de España Martínez Fernández.

Rafecas debe resolver si suspende la causa contra la religiosa por su estado de salud, luego de que testimonios y evidencias la ubicaran en el centro de la escena de la madrugada del 14 de junio, cuando López llegó al lugar para esconder bolsos con 9 millones de dólares y fue detenido. Delgado pidió “a la mayor brevedad posible ordenar al decano del Cuerpo Médico Forense la realización de una junta médica para su análisis integral”.

La madre Alba, superiora del monasterio Nuestra Señora del Rosario de Fátima de General Rodríguez, había sido señalada por dos hermanas de clausura como la responsable del vínculo con el ex funcionario kirchnerista y con su mujer Amalia Díaz. Las hermanas María y Marcela habían coincidido en su declaración en que Alba fue quien les avisó que José López iba a ir al convento la noche en la que fue detenido con 9 millones de dólares y un arma.

El 27 de julio, el juez Rafecas había solicitado que se le realizara a la monja Alba un psicodiagnóstico y un examen neurocognitivo, luego de haber recibido un informe médico que informaba sobre la debilidad de la salud de la religiosa. “Descenso cognitivo que la compromete psíquicamente a la hora de enfrentar un proceso penal”, había sostenido a través de su informe el médico forense de la Justicia, Leandro Ghioldi.

Luego de los allanamientos al convento a fin de mes pasado, la hermana Alba quedó comprometida cuando se secuestró un celular que le pertenecía (y que antes había sido propiedad del fallecido monseñor Rubén Di Monte).

La investigación, a cargo del fiscal Delgado buscaba analizar los contactos telefónicos entre las monjas que vivían en el convento y José López y su entorno. Lo que es toda una certeza para la fiscalía es que la noche en la que fue detenido López un celular de su esposa tomó contacto en al menos 11 oportunidades con el teléfono perteneciente a la hermana Alba. Habrá que ver ahora si está en condiciones mentales de afrontar todo lo que se le avecina judicialmente.

Los bolsos
9 millones de dólares llevó López al convento. Además de los seis bolsos con dólares (y euros y yenes), López tenía una carabina Sig Sauer calibre 22 con más de 20 proyectiles y media docena de relojes importados de alta gama.

Parlasur
Quieren que López sea sancionado

La diputada del Parlasur por el Frente UNA, Fernanda Gil Lozano, pidió que no sea aceptada la renuncia del ex secretario de Obras Públicas, José López, a su banca de cara a la próxima reunión del órgano legislativo regional que se realizará el viernes. Y, además, solicitó que López sea “sometido a procedimiento disciplinario o por actos de falta de decoro al Parlamento”. Gil Lozano explicó que “no puede aceptarse la dimisión del ex secretario de Obras públicas de la Nación, considerando que el cuerpo no alcanzó las mayorías necesarias para su expulsión por falta de decoro, dado que un grupo de parlamentarios solicitó en su oportunidad el pase a comisión, trámite que aún está pendiente”. La diputada aseguró que hizo este pedido al presidente pro témpore Jorge Taiana mediante una carta en la que le pidió que “haga primar el debido proceso y que continúe la sanción disciplinaria por sobre la renuncia”. Gil Lozano indicó que “el artículo 27 del reglamento del Congreso regional establece en su inciso primero que no será aceptada la renuncia de ningún parlamentario que se encuentre sometido a procedimiento disciplinario”.

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