Los hechos violentos a manos de la Policía siempre sacuden a la población. Por lo general, son situaciones gravísimas que ponen en riesgo la vida de sus vecinos, de sus allegados e incluso de su familia. El problema es aún más grave porque son ellos quienes deberían velar por la seguridad de la comunidad y no ponerla en riesgo.
El domingo, en Chos Malal, se vivieron cuatro horas de tensión en manos de un agente de 26 años que disparó al menos 30 veces atrincherado en su casa, mientras su hijo de 4 dormía, luego de haber agredido a su pareja. “Fue la única manera de neutralizarlo”, confió el superintendente de la Policía del Neuquén, José Cuadrado. El grupo especial debió dispararle a las piernas tres veces para poder detenerlo y controlar la situación que se vivía en la vivienda. El agente continúa en observación en el hospital local fuera de peligro, con custodia policial.
Pero no es la primera vez que un policía atenta contra la vida de otros ciudadanos. En 2017, un efectivo retirado fue condenado por asesinar por la espalda a un motochorro luego de que le robara la cartera a una mujer. El cabo Omar Inalaf mató a su hija de 11 años y luego se suicidó. Además, otro policía fue sentenciado a perpetua por acribillar al novio de su ex e intentar matarla a ella.
Cada vez que sucede algo de esta magnitud, hace repensar si realmente los efectivos policiales son analizados por psicólogos antes de entregarles una pistola calibre 9 mm con capacidad para 15 disparos. A quién le damos armas, me pregunto cada vez que escucho, leo o escribo una noticia sobre un policía que hizo un uso indebido de su arma reglamentaria. Y me atrevo a decir que no soy la única que se lo cuestiona.
La Policía es la encargada de velar por la seguridad de la comunidad, pero a veces atenta contra ella.