Advierten que el protocolo contra la violencia laboral incumple las leyes

La Colectiva Feminista La Revuelta y el espacio Socorro Violeta presentaron un reclamo administrativo por el Protocolo para la Prevención, Intervención y Protección en Situaciones de Violencia Laboral en el ámbito del Poder Ejecutivo de la Provincia del Neuquén, una herramienta de actuación lanzada el 31 de octubre del año pasado, luego de que se hicieran públicas las denuncias por violencia de género, acoso y abuso sexual contra Adrián Urrutia (en ese momento subsecretario de Diversidad de la provincia), y Ernesto Seguel, quien era subsecretario de Trabajo.

"Lo analizamos minuciosamente y lo comparamos con la normativa nacional e internacional vigente. Entendemos que dicho protocolo no respeta lineamientos legales mínimos, crea estructuras que no garantizan la prevención, sanción y erradicación de la violencia. Excluye de manera apriorística situaciones de violencia y omite la regulación de sanciones", explicaron desde ambas organizaciones a través de un comunicado.

Advirtieron que el protocolo "no sólo no es útil a los fines que proclama, sino que además es una herramienta propicia para incrementar la violencia en el ámbito del trabajo y favorecer su impunidad e invisibilización", por lo que solicitaron su modificación "para que las medidas que se implementen sigan los mejores estándares en la garantía de construir espacios libres de violencias por motivos de género".

revuelta2.jpg

Luego de cuestionar el abordaje "erróneo y disvalioso" que hace el protocolo, las colectivas feministas advirtieron que "de aplicarse, tendrá consecuencias negativas sobre la plena vigencia de los derechos de las personas que trabajan en la provincia del Neuquén".

Acto seguido subrayaron que la herramienta "omite la regulación de pautas sancionatorias", lo que "constituye una violación a las directivas establecidas en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención de Belem do Pará, la Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Ley 26485", acuerdos internacionales que están tienen rango prioritario en el sistema legal argentino, dado que tienen rango constitucional.

Al respecto, la abogada Angélica Acosta, integrante del servicio de asesoramiento Legal Socorro Violeta, resaltó que "en vez de prevenir y erradicar, el protocolo provincial reproduce situaciones de violencia".

"Esto no lo decimos por capricho, sino que lo decimos porque -en primer lugar- no sanciona actos de violencia", planteó en diálogo con Radio Calf. "Este un grave defecto porque acuerdos como el Convenio 190 de la OIT dicen que los Estados deben hacer legislaciones que prevengan y sancionen las violencias laborales ya que, sin sanciones, las violencias se reproducen. El Estado argentino y de la provincia de Neuquén están obligados a hacer legislaciones que sancionen las violencias laborales", argumentó.

protocolo ferraresso.jpg

El protocolo fue presentado por la ministra de las Mujeres y de la Diversidad, Maria Eugenia Ferraresso y el gobernador Omar Gutiérrez en octubre del 2022.

"En el protocolo no figura el tema de la reparación que es fundamental. Nosotras no somos punitivistas, simplemente queremos que las conductas no se vuelvan a reiterar. A veces, cuando le preguntás a las víctimas qué sería una reparación te dicen 'que me pida disculpas'. Las reparaciones pueden ser múltiples. El tema es que este protocolo dice que no es para sancionar, lo que viola al Convenio 190 de la OIT", insistió y resaltó que con esta herramienta las denuncias quedarán "en la nada".

"Las denuncias contra Seguel y Urrutia quedaron en la nada"

Respecto a las denuncias por acoso y abuso sexual contra Adrián Urrutia (ex subsecretario de Diversidad de la provincia) y Ernesto Seguel (ex subsecretario de Trabajo), Acosta señaló que "quedaron en la nada".

Ernesto Seguel, denunciado por presunto acoso y abuso sexual.

Ernesto Seguel, denunciado por presunto acoso y abuso sexual.

"Seguel se jubiló, nunca le iniciaron un sumario administrativo, pese a nuestros innumerables pedidos. Todavía no le ofrecen una respuesta a la víctima, que presentó ya diez notas solicitando que le informen el número de expediente del sumario administrativo. Jamás le dieron una respuesta. Si eso no es revictimizar...", indicó la abogada.

En cuanto a Urrutia, la integrante de Socorro Violeta dijo que tampoco se le inició un sumario administrativo ni una investigación. "No se investiga y no es casual que no se investigue", lamentó.

El pasado 24 de octubre, Urrutia presentó renuncia a su cargo como subsecretario de Diversidad de la provincia con una nota que elevó directamente al gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, a días de conocidas cuatro denuncias por abuso sexual simple que recibió la justicia en su contra. Aseguró que no violó a nadie, no ejerció violencia y no tuvo intenciones de acosar sexualmente a nadie.

Adrian Urrutia (11).jpg

Agustín Martínez

La fiscal de Delitos Sexuales, Silvia Moreira, describió que dos de las denuncias son por hechos ocurridos en diciembre del 2021 durante una marcha de la diversidad sexual en la ciudad de Neuquén. Detalló que una de las personas denunciantes indicó que, cuando se estaban dando los discursos en aquella movilización, "el funcionario provincial lo acarició en distintas partes del cuerpo y en sus genitales".

"Otra denuncia fue realizada en octubre de 2022. Quien denunció dijo que fue durante una reunión de trabajo cuando el funcionario le tocó los glúteos sin su consentimiento y planteó que esta situación se había reiterado en más de una ocasión en los últimos meses en el ámbito laboral", detalló Moreira, antes de dar cuenta de otra denuncia, también realizada en octubre de 2022, por parte de otra persona que trabaja en la subsecretaría a cargo de Urrutia. Según relató, en julio de 2021 el funcionario provincial le "tocó los genitales en momentos que desempeñaba su tarea". En esa misma denuncia, la persona aseguró que Urrutia "le hizo comentarios de contenidos sexual" en el ámbito laboral.

Polémica por el órgano de aplicación del protocolo

El protocolo es cuestionado también por la estructura creada para darle cumplimiento. "El órgano de aplicación -'el equipo' u 'oficina de intervención en violencia laboral'- que se encarga de recibir denuncias y adoptar medidas (no de investigar ni sancionar porque -como ya dijimos- el protocolo ni investiga ni sanciona) depende del Ministerio de Economía e Infraestructura. Por lo tanto, no tiene independencia funcional. No está integrado por personal que forma parte del mismo por concurso, que son independientes, que no tienen presiones de sus jefes o jefas. Este es un obstáculo grande para erradicar la violencia laboral", postuló Acosta.

En concordancia, el reclamo administrativo presentado por La Revuelta y Socorro Violeta plantea, a su vez, que "no resulta ni serio ni efectivo un esquema de conformación y funcionamiento de los órganos de aplicación en el cual el sujeto controlado seleccione al sujeto controlante y donde -además- el sujeto controlado tenga la potestad de destituir al controlante".

A su vez, las organizaciones indicaron que el protocolo excluye en el Art. 9 formas clásicas de violencia laboral acoso y/o sus consecuencias en el ambiente de trabajo, al invisibilizarlas e identificarlas como meros "conflictos laborales".

Agregaron que "el secreto y la confidencialidad respecto de agresores/as resulta innecesario", ya que "expande el campo de impunidad, crea espacios de indefensión para la víctima, favorece la impunidad e invisibilización".

En este sentido, Acosta cuestionó que la confidencialidad sea obligatoria y no una instancia a pedido de la víctima, tal como establece la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

"Según el protocolo, la víctima tiene que firmar un convenio de confidencialidad. Es decir, que no le puede decir a sus compañeros de trabajo que denunció a una persona. Entonces, ¿qué garantías va a tener esa persona frente al trabajo cotidiano si nadie puede saber que sus derechos fueron vulnerados? Es un círculo de confidencialidad terrible. Esto es acallar a la víctima aún más", enfatizó la letrada. "Una cosa es cuando la víctima quiere que algo no se sepa, otra cosa es cuando la confidencialidad te la imponen", diferenció.

A la hora de poner el foco en las pautas procedimentales, las organizaciones manifestaron que resultan "incompatibles con los principios de celeridad, sencillez y eficiencia.

Por último, recalcaron que "los niveles de improvisación con los que se creó el Protocolo quedan demostrados en redacciones contradictorias, absurdas y en remisiones a textos normativos inexistentes".

Acosta explicó que, a partir de la presentación del reclamo administrativo, el Estado provincial tiene 60 días hábiles para pronunciarse. "Lo que pedimos es que adapten ese protocolo a la normativa vigente y la cumpla", sintetizó.

"Si no nos contestan interpondremos un pronto despacho y si aún no lo hacen, iremos a la sede judicial", detalló a la hora de adelantar los pasos a seguir.