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La Mañana Aguada San Roque

Aguada San Roque: insisten con anular la imputación a un funcionario

El recurso fue presentado este jueves por la mañana ante el TSJ por la defensa de Gabriel Potas. Ya fue rechazado en dos instancias previas.

Este jueves a la mañana se realizó una nueva audiencia en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en el marco de la causa por la explosión en la Escuela 144 de Aguada San Roque, que provocó la muerte de la docente Mónica Jara y los trabajadores Nicolás Francés y Mariano Spinedi.

La audiencia se realizó por un recurso de apelación presentado por uno de los imputados, Gabriel Potas, quien se desempeñaba como coordinador interinstitucional de la Unidad de Planificación e Infraestructura, dependiente del Ministerio de Educación.

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En dos instancias previas, la defensa del funcionario pidió la impugnación al entender que se había afectado la garantía de su defendido en contra de la autoincriminación forzada y sostuvo que hubo una afectación a una garantía constitucional. El fundamento fue que durante la investigación preliminar de la Fiscalía se le tomó declaración testimonial y luego resultó imputado.

El mencionado recurso fue rechazado por la jueza Patricia Lupica Cristo y, luego, por un Tribunal de Impugnación. Ahora, el mismo pedido fue elevado al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que desde este jueves cuenta con 30 días hábiles para aceptarlo o ratificar la decisión ya tomada en las instancias judiciales previas.

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El secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, cuestionó los plazos establecidos y dijo que el máximo órgano de la Justicia ya podría haber tomado una decisión al respecto. "Vemos con preocupación que el TSJ, que ya tuvo más de un mes para analizar los componentes, escuchó los alegatos de defensa y fiscalía, necesite un plazo tan extenso para resolver un tema que es de estricto carácter técnico", afirmó en diálogo con LMNeuquén.

El referente gremial marcó que Potas "tiene una responsabilidad como funcionario del Ministerio de Educación", en relación a "controlar que las obras estén en condiciones", por lo tanto "eso es lo que está en discusión y lo que hay que investigar". En esta línea, planteó que "esta situación no debiera demorarse y debería haber habido un rechazo del plazo".

Según el reglamento, el TSJ cuenta con 30 días hábiles para comunicar la decisión, es decir, hasta el 7 de noviembre. Sin embargo, Guagliardo estimó que la resolución "no debería llevar más de una semana".

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Los imputados por diversos delitos son Héctor Villanueva, socio gerente de Arte Construcciones S.R.L; Eduardo Afione, maestro mayor de obras; Diego Bulgheroni, representante técnico de la obra en la escuela por la empresa Arte Construcciones S.R.L; Fabio Luna, director general de la Modalidad Rural del Consejo Provincial de Educación; Patricia Cressatti, directora provincial de Nivel Primario del mismo organismo; Sergio Percat, inspector de obra de Obras Públicas; Raúl Capdevilla, director provincial de Obras Contratadas de la secretaría de Obras Públicas de la provincia; Carlos Córdoba, director de Obras Contratadas dependiente de la secretaría de Obras Públicas de la provincia; Roberto Deza, subsecretario de Obras Públicas; Gabriel Potas, coordinador interinstitucional de la Unidad de Planificación e Infraestructura, dependiente del ministerio de Educación.

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