En plena controversia mundial por el muro de Donald Trump contra México, el gobierno argentino avanzó a fondo con sus normas para endurecer la afluencia de inmigrantes de los países vecinos del norte, históricamente proveedores de mano de obra barata para tareas duras, entre las que se pueden mencionar la construcción o las cosechas del agro a lo largo y ancho del campo.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hizo punta mediática contra “muchos ciudadanos paraguayos, bolivianos y peruanos” porque “se comprometen tanto sea como capitalistas o como mulas, como choferes o como parte de una cadena en los temas de narcotráfico”, para justificar el endurecimiento en el trato a los ciudadanos de los tres países vecinos. Dijo que el 33% de los presos federales son de esas nacionalidades principalmente por narcotráfico.
No obstante, datos oficiales confeccionados por el Ministerio de Justicia, de Germán Garavano, difundidos por el portal Letra P, cifran la proporción de presos extranjeros en relación con las drogas muy por debajo del porcentaje de Bullrich para justificar la persecución a paraguayos, peruanos y bolivianos. El 82% de los presos por drogas son argentinos y el 18% extranjeros en general, no sólo de los tres países condenados por el discurso oficial. Los presos en relación al narcotráfico se multiplicaron por dos entre 2005 y 2015, pero la proporción entre nacionales y extranjeros no varió en la década.
Un dato extra que conspira contra la línea de Bullrich es que sólo el 31% de los detenidos por violación a la Ley 23.737 de estupefacientes tiene condena. El otro 69% purga mientras espera el juicio bajo las condiciones de la prisión preventiva.
El 82% de los presos por drogas son argentinos y el 18% extranjeros. La proporción se mantiene desde 2005.