La decisión del Ejecutivo de aumentar los salarios de la planta política genera, de inmediato, opiniones encontradas.
Una de las posiciones, que muchos adoptaron cuando una medida similar benefició a los poderes Legislativo y Judicial, es la que sostiene que los funcionarios deben tener altas remuneraciones. No sólo por la importante función que desempeñan y la responsabilidad que eso conlleva sino también como un método para prevenir la corrupción.
Enfrente están los que destacan el contraste que existe entre los ingresos de los gobernantes y los de la gran mayoría de los ciudadanos. Claro, sin contar a aquellos que engrosan las estadísticas de desocupados e indigentes.
Lo cierto es que está comprobado que un sueldo alto no es garantía de capacidad ni de honestidad. Y la crisis de sospecha que cae sobre la política construye desconfianza en la dirigencia y la ubica más preocupada en sus propias cuentas que en las cuentas pendientes con la sociedad.
