Buenos Aires
Federico Zichy-Thyssen, conde por título hereditario, murió a los 76 años el 23 de agosto del 2014 por una insuficiencia renal.
Con su muerte, todos los millones que el conde valía cobraron otro significado y esto generó una de las escenas más incómodas en la historia de la aristocracia argentina. Básicamente porque Zichy-Thyssen era un aristócrata real, genuino, celebrado y cortejado en el circuito de partidos de polo y cenas de estricto smoking, amante de la caza mayor y uno de los cinco mayores criadores de caballos árabes del mundo.
Pero a casi un año de su muerte, su viuda no puede tocar un centavo de todo lo que el conde le dejó.
Dos de los hijos del conde cuestionaron el testamento en Tribunales: un juez debe considerarlo válido o no, según afirman allegados directos de cuatro hijos de Zichy-Thyssen que dialogaron con Infobae.
Por su parte, Rachel Román, la viuda, ya tiene un abogado: la representa Maximiliano Rusconi, el defensor de Diego Lagomarsino en el caso Nisman. Patrocinada por Rusconi, Franchesca Giraldez, hija de Rachel, denunció por extorsión a cuatro de los hijos del conde, Alejandro, Claudia, Marcia y Federico Julián en un juzgado porteño. En su denuncia, Franchesca habló de una forma de actuar amenazante, de situaciones en las que su madre fue víctima. Los términos de su denuncia son enfáticos: afirmó que el conde les donó a sus hijos casi la totalidad de su patrimonio en contra de su voluntad y que su madre, por su cercanía permanente a Zichy-Thyssen, fue víctima de supuestas presiones y de un accionar amenazante.
Los hijos del conde, aseguran sus allegados, están planeando su respuesta para defenderse. Sus allegados consideran que una denuncia por extorsión de su parte es un contrasentido, ya que habla de situaciones que ocurrieron mucho antes de su llegada a la vida del conde.
Ésta no fue la única acción judicial de la viuda. Una casa en Asunción se convirtió en otro foco de discordia en marzo último. Rusconi y su estudio también patrocinan una denuncia penal presentada en una fiscalía de la capital paraguaya por hechos punibles “contra el ámbito de la vida y la intimidad de las personas”, señalaron.