Cobran lo que quieren, haciendo un cálculo a ojo porque dicen que no tienen rentabilidad. Ya pasó –y sigue pasando- con la recarga de celulares, que al monto que pide el cliente le suman dos o tres pesos. También con los cigarrillos, a partir de los rumores de aumentos (nunca confirmados) que, aparentemente, echaron a rodar las tabacaleras.
Con el mismo fundamento, ahora los kiosqueros le suman un plus al costo de recarga de la tarjeta SUBE: “No es rentable, pago mucho de internet, no me conviene”, dicen casi a coro.
Lo cierto es que ese costo extra –aplicado de acuerdo con la realidad de cada comerciante- no hace otra cosa que aumentar el boleto de manera encubierta.
Se dice que, por contrato, los comercios que venden el servicio de recarga de la tarjeta del transporte no están autorizados a incrementar un solo centavo. Pero si eso está prohibido, ¿por qué lo aplican igual? Como en el caso de los cigarrillos o las cargas virtuales, no hay ningún tipo de control al respecto, más allá de las denuncias públicas que muchas veces hicieron los consumidores. Pero tratándose de un servicio público como el del transporte, deben ser las autoridades municipales y la empresa responsable de la tarjeta quienes hagan un control y apliquen las multas, respectivamente. Desde el municipio lo saben, pero son conscientes de que no pueden tener un ejército de inspectores exclusivamente para esta tarea.
¿Sería una solución que la empresa les otorgue a los kiosqueros más márgenes de ganancia sin que se afecte su propia economía? Por ahora son sólo preguntas. Mientras, miles de usuarios dependen del humor y los cálculos de cada kiosquero.
Miles de usuarios dependen de la realidad económica de cada kiosquero que vende la SUBE.