La provincia y la ciudad deben destinar cada vez más atención y recursos para velar por los derechos de los consumidores cuando no los satisface la prestación de un servicio, o cuando un objeto, porque el que ya pagaron, resulta defectuoso. El fenómeno como tal debería ser visto no solo a partir de sus efectos, sino también desde la causa.
Si se toman como referencia las tres categorías que más quejas recibieron en Defensa del Consumidor (telefonía, servicios bancarios o financieros y automotores), es evidente que en cada uno de esos rubros las reglas de juego no están precisamente pensadas para resguardar a los usuarios, aun cuando los organismos reguladores digan lo contrario. Y está claro que las mismas no dependen ni de las provincias, ni de los municipios.
El consumo, cuando no se goza, sino que se padece, muestra su peor cara. Tiene la cualidad de atraer, cautivar y seducir. Pero también de manipular, defraudar y engañar. Esta última tríada es incluso capaz de sacar lo peor de uno cuando las cosas no resultan como parecían.
Es necesario entonces defender al consumidor en tanto se ubica en una posición de desventaja frente a las compañías de telefonía, entidades bancarias o concesionarias; aunque el público –o consumidor- también tendría que aprender a gestionar mejor sus decisiones a la hora de contratar un servicio, o adquirir un objeto, antes de permitir que la persuasión publicitaria lo atrape en su propia ilusión.
En Argentina, se podrían tomar en cuenta experiencias como la de España, donde desde el Estado se empezó a estimular a las empresas para que se sometan voluntariamente a los tribunales arbitrales de consumo aun cuando no existan conflictos con los usuarios. Sería una buena posibilidad para que acá también el que gane no sea siempre uno solo.