Neuquén adhirió a la Ley Micaela y todo el Estado deberá capacitarse en violencia de género
La Legislatura provincial aprobó por unanimidad la norma, que lleva el nombre de Micaela García, la joven asesinada en 2017 en Gualeguay.
La Legislatura de Neuquén adhirió este mediodía por unanimidad a la denominada Ley Micaela, sancionada en el Congreso Nacional en diciembre pasado. La norma establece la obligatoriedad de capacitar en violencia de género a todas las personas que componen los tres poderes del Estado. El Ejecutivo provincial tiene seis meses para ponerla en marcha.
El área de aplicación será la subsecretaría de las Mujeres, dependiente del ministerio de Ciudadanía. La titular del organismo, Patricia Maistegui, destacó a LMN que "siempre han habido capacitaciones y sensibilización en la temática, sobre masculinidades y trata de personas, y ahora va a ser más sistemático".
La funcionaria indicó que todavía no está establecida la forma y la modalidad en que los empleados de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial recibirán las capacitaciones. "Después de la sanción hay seis meses para aplicarla. Estamos viendo el modo de llegar a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo", aseguró, y subrayó la importancia de la sensibilización, "que es pasar al género por el cuerpo para entender de lo que estamos hablando. No es algo tan académico sino más vivencial".
Como aspectos importantes de la norma, Maistegui resaltó: "Cada vez que se renueven las autoridades, se tienen que capacitar. Va a ser algo progresivo. Es un paso más a la tarea que venimos realizado, pero hoy logramos transverzalizarlo por ley".
La norma que crea el Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las mujeres, incluirá al Consejo de la Magistratura, órgano extrapoder que selecciona a los candidatos a jueces y funcionarios del ministerio público, y evalúa el desempeño de magistrados e integrantes del Poder Judicial.
La iniciativa establece como falta grave negarse a cumplir con esa capacitación, lo que dará lugar a sanción disciplinaria y obstaculizará los ascensos.
El proyecto fue impulsado a nivel nacional por el Movimiento Evita y llevó ese nombre en homenaje a Micaela García, la joven asesinada en la ciudad de Gualeguay en 2017.
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