La medida es una ampliación de la denuncia penal que había presentado el ENRE contra los integrantes del directorio de la empresa distribuidora de electricidad.
Tras los largos conflictos con Edesur, empresa que distribuye electricidad en Buenos Aires, el Gobierno le pidió a la Justica que prohíba a sus directivos salir del país. La medida cautelar se pidió por medio de una ampliación de la denuncia penal presentada contra el directorio de Edesur, por parte del Ente Nacional Regulador Eléctrico (ENRE).
El escrito, firmado por el interventor del ENRE, Walter Martello, y el abogado Miguel Priolo, solicita la restricción para una serie de ejecutivos “a los fines de evitar que los mismos se sustraigan de comparecer a derecho en la presente investigación”. En la ampliación de la denuncia se justifican las decisiones tomadas por el ENRE haciendo mención de la Resolución 307/2023, a través de la cual se dispuso la intervención provisoria de Edesur S.A. en función de una serie de argumentos planteados en dicha normativa.
El interventor del ENRE plantea que se ha evidenciado que, con motivo de los sucesos ocurridos el día 10 de febrero de 2023, han quedado fuera del servicio alrededor de 180 mil personas usuarias, produciéndose, en los días posteriores, eventos de baja y media tensión que derivaron en interrupciones reiteradas y prolongadas del suministro de luz en el área de concesión de la distribuidora.
También se señala que el ENRE ha detectado desvíos y demoras entre la base de reclamos de cortes y la información brindada por la distribuidora al organismo regulador. “La Distribuidora incumple en forma recurrente y sistemática con los parámetros de calidad media y, ante eventos de magnitud, los procedimientos operativos de atención de reclamos y reposición de suministros fracasan reiteradamente, denotando déficits de recursos, de planificación operativa y de inversiones”, agrega la ampliación de denuncia presentada por el organismo.
La enumeración de faltas continúa durante varias páginas y concluye que las instalaciones que pertenecen al área de concesión de Edesur “no están siendo reparadas al ritmo de las necesidades del servicio público” y sostiene que, si la demanda es transferida a otras instalaciones, ante picos de demanda, se sobrecargan y salen de servicio.
La ampliación de la denuncia justifica por qué se debe restringir la salida del país de los miembros del directorio de la distribuidora eléctrica. “Se dirá que todavía no han sido imputados o indagados los responsables de EDESUR, pero también se podrá decir que algunos de ellos no son ciudadanos argentinos y sí ciudadanos italianos y que el resto de los miembros de la sociedad son personas de alto poder adquisitivo que tienen todos los elementos y posibilidades a su alcance para poder irse del país y sustraerse del alcance de la justicia y de estar a derecho como así corresponde ante la apertura de una investigación judicial”, sostiene el interventor del ENRE.
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