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Crecen consultas inmobiliarias por el blanqueo para propiedades usadas

Inmobiliarias y desarrolladoras están recibiendo muchas consultas para unidades usadas de alrededor de US$100.000

Desde que el Gobierno envió al Congreso el proyecto que amplía el blanqueo vigente para la construcción hacia los inmuebles usados, las inmobiliarias y desarrolladoras están recibiendo muchas consultas sobre este tipo de viviendas.

Las consultas de gente que tiene ahorros no declarados en moneda extranjera es por unidades que promedian los US$100.000 y están ubicadas en buenos barrios de la provincia de Buenos Aires y las principales ciudades del país.

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El inmueble usado deberá tener destino exclusivo a casa-habitación o para alquiler para casa-habitación por un plazo no inferior a 10 años. En ambos casos, su valor de compra deberá ser igual o inferior a dos veces al mínimo no imponible para Bienes Personales, de $30 millones en 2021. Hasta ahora, está reglamentado que se pueden destinar ahorros no declarados a la construcción de viviendas que tengan un avance inferior al 50%.

En el sector inmobiliario sostienen que la medida permitirá una importante reactivación en el rubro de la construcción porque en general los inmuebles usados necesitan algún tipo de arreglo o reforma. Según dicen, los inmuebles usados representan cerca del 75% del mercado y por eso la medida revitalizará las operaciones después de dos años difíciles por la pandemia y la crisis económica.

Inclusive, algunos desarrolladores ya están ofreciendo absorber el costo del blanqueo como estrategia de marketing. Unite Quartier, por ejemplo, bonifica el 5% de la alícuota que se debería pagar si el cliente blanquea antes del 19 de noviembre.

Por otra parte, el sector inmobiliario ve con optimismo que la extensión del blanqueo a los inmuebles usados sumará cientos de propiedades a la hoy escasa oferta de alquileres, que se achicó desde que entró en vigencia la Ley de Alquileres. Esta escasez de oferta se ve en Buenos Aires, Rosario, Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Salta, entre otros.

Entre los puntos polémicos de la Ley de Alquileres, los propietarios se quejan de que amplía los arreglos los a la propiedad a su cargo. Si bien siempre el dueño se hizo cargo de cualquier arreglo que no haya sido responsabilidad del inquilino, ahora se agrega que si no responde o se niega a hacer una reparación urgente, el inquilino podrá hacerlas por sí mismo y transferirle luego el costo. Entre los problemas que puede generar esto último, dicen los propietarios, es que no habrá certeza de si el monto pasado es real.

Además, los propietarios se quejan de que la Ley de Alquileres amplía las posibilidades de garantías y esta mayor variedad les genera intranquilidad porque si el locatario ofrece al menos dos opciones están obligados a aceptar alguna. Si bien la más usada es el título de una propiedad inmueble, ahora se suman los avales bancarios, seguros de caución, garantías de fianza y garantías personales, que se documentan con recibos de sueldo, certificados de ingresos o equivalentes. Según sostienen, esto provocará en la práctica que si el propietario no está convencido finalmente decida no alquilar.

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