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Es sabido que cualquier persona que esté presa lo que más anhela es la libertad y eso es lícito, no así el delito que cometieron para caer en prisión.
También es cierto que la resocialización y reinserción social de las personas es una utopía porque el Estado no cumple con la ley aunque castiga a los incumplidores, toda una paradoja.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomienda en tiempos de coronavirus que los presidios estén a un 70% de su capacidad y que se evalué la posibilidad de otorgar medidas alternativas como la libertad condicional, arresto domiciliario o libertad anticipada para personas consideradas en el grupo de riesgo, como personas mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o con niños a su cargo y para quienes estén prontas a cumplir condenas.
Lo cierto es que muchos presos y sus abogados aprovechan el actual escenario para lograr que sus clientes, pese a que no cumplen con ningún requisito, puedan obtener la libertad anticipada o la prisión domiciliaria.
Tal es el caso de uno de los cabecillas de la megabanda, el Penche Muñoz, que tiene 20 años de condena por delante, pero su abogado bregó por su prisión domiciliara y los jueces rionegrinos le dieron el beneficio, sin tener en cuenta que ya violó una domiciliaria. Además, el Penche no está dentro del grupo de riesgo y tampoco su situación es como para que le otorguen una medida alternativa; pese a ello, un tribunal se la concedió sin dar grandes fundamentos.
En paralelo, por las redes se agita un reclamo social para que los presos no reciban beneficios, sacando ventaja de la pandemia.