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Duro testimonio de una mujer

Es el que dio ante el Tribunal Adriana Calvo, sobreviviente del «Circuito Camps». Dijo que el funcionamiento de los centros de detención respondía a un plan organizado.
Segunda conclusión
Calvo, que estuvo detenida tres meses en dos centros clandestinos de La Plata, el Arana y en el Pozo de Banfield, donde nació su hija, remarcó que como segunda conclusión del extenso trabajo fue determinar la metodología empleada por los militares.
Consistió en el secuestro, privación ilegítima de la libertad, tormentos, hambre, frío, aplicación de submarino seco y mojado, el robo de bebés y en algunos casos, el asesinato.
Mencionó también que hacer desaparecer a las personas detenidas fue también un “método planificado”.
“La desaparición no es lo mismo que el asesinato. Produce un efecto distinto al homicidio, produce parálisis. Es el desconocimiento absoluto de la suerte corrida por el compañero o por un ser querido, fue el reemplazo al asesinato”, señaló.
La aparición de un sobreviviente “también responde a una acción concebida. En este caso produce un grado de culpa en el hombre, al punto de que se pregunta ¿Por qué yo sobreviví y otros no?”, se interrogó.
Dijo también que esta situación nada tuvo que ver con quebrarse frente a al tortura. Intencionalmente se hizo correr que habían colaborado. No hubo colaborador alguno, afirmó.
“La finalidad de dejar en libertad era para que sirviera como cadena de transmisión, que se conociera la existencia de los campos de concentración”, sentenció.
En un momento de la exposición, Calvo dijo que “en el Pozo de Arana, en 1976 también fue detenido, interrogado y torturado Jorge Julio López”.
Su testimonio fue clave para la condena del ex comisario Miguel Etchecolaz, responsable de varios de los centros clandestinos que funcionaban en la provincia de Buenos Aires.
López se encuentra desaparecido desde septiembre del 2006 y, sin dejar de mirar por un segundo al Tribunal, exigió su aparición con vida. “Sus secuestradores están impunes”, dijo.



Neuquén > Los cuatro militares incriminados penalmente como responsables de graves delitos calificados de lesa humanidad, salieron ayer de la sede del Tribunal Oral Federal corriendo, casi a los saltos.
Se trata el teniente coronel Sergio Adolfo San Martín; el coronel Jorge Eduardo Molina Ezcurra; el médico Hilarión de la Pas Sosa y el general de brigada Enrique Braulio Olea.
En realidad ocho son los acusados. Cuatro decidieron no concurrir al juicio.
Los oficiales fueron  protegidos por los escudos y otros pertrechos que muestran los hombres del Servicio Penitenciario Federal. «Respondemos a directivas superiores», se animó a confesar uno de ellos.
Sin embargo, nada impidió que fueran insultados y maldecidos por hombres y mujeres que empujaban las vallas de contención, precisamente ubicadas para resguardar la integridad física de los ex jefes castrenses, hoy sometidos a juicio.



Neuquén > El juez Federal Guillermo Labate adelantó ayer que hoy, una vez que tenga la resolución del fiscal, definirá si el médico psiquiatra Raúl López Proumen continuará detenido por la investigación de su presunto falso testimonio durante su declaración en el juicio a los ocho represores de la última dictadura militar en Neuquén.
Labate expresó que López Proumen está detenido en el marco de una investigación por falso testimonio a raíz de la declaración del lunes.
«Hoy (por ayer) en la mañana envié las actuaciones a las Fiscalía General y de Coordinación. No está habilitada la instrucción hasta que se expida el fiscal», explicó el juez federal.
El psiquiatra, que fue médico militar y trabajó en el Ejército desde 1976 hasta 1980, confirmó durante su declaración testimonial la existencia del centro clandestino de detención «La Escuelita» y aseguró que allí atendió a una mujer que estaba embarazada.
El magistrado explicó que como el delito de falso testimonio es excarcelable hoy López Proumen podría quedar en libertad.

Investigación
«El fiscal federal tiene que expedirse. Mañana (por hoy) tendré la información que brinde el funcionario público para ver si requiere la investigación, mientras tanto él sigue detenido», aseveró Labate.
Los dirigentes del Sindicato de Empleados  Judiciales de Neuquén (SEJUN) presentaron ayer ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) un pedido de sumario para llegar a la destitución del psiquiatra Raúl López Proumen.

La detención
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal del Neuquén resolvió detener a López Prumen y extraer copias de las partes pertinentes de sus declaraciones.
El psiquiatra es el actual jefe del gabinete Interdisciplinario del Poder Judicial, por lo que SEJUN solicitó su corrimiento del sistema público.
«En la declaración prestada ayer (por el lunes) ante el Tribunal incurrió en graves y numerosas contradicciones que hacen presumir una intención de ocultamiento», expresó Edgardo Cherbavaz, secretario general de SEJUN en un comunicado.
El gremialista aseveró: «Su falso testimonio está dirigido a procurarse su impunidad ante una futura y probable imputación, como así procurar la impunidad a los militares ya imputados en la causa aludida».
En el escrito presentado por el gremio, se consideró que López Proumen «con estos antecedentes y actitudes no puede ejercer ningún cargo público, razón por la cual se solicita la iniciación del sumario y que eventualmente sea exonerado por su participación en uno de los hechos más aberrantes y graves de la historia de nuestro país».