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El fiscal pidió juicio a los detenidos por el atentado a CFK y apuntó a la custodia

Carlos Rívolo acusó a Sabag Montiel y Brenda Uliarte como coautores del intento de homicidio, y a Nicolás Carrizo como partícipe secundario.

A nueve meses del atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, la fiscalía repasó las pruebas recolectadas en el expediente y solicitó llevar a juicio oral a los detenidos involucrados en el caso: Fernando Sabag Montiel, quien apuntó a la vicepresidenta con un arma en la cabeza; su novia, Brenda Uliarte, quien lo acompañó en el ataque y fue la ideóloga del mismo; y Nicolás Carrizo, el jefe de los "copitos", señalado como partícipe secundario, son los acusados a los que se pide enviar a juicio.

En un extenso dictamen de 199 páginas, el fiscal Carlos Rívolo sostiene que "la prueba reunida durante la instrucción ha permitido comprobar que la conducta que se intentó llevar a cabo fue premeditada, es decir, que los imputados habían ideado un plan para llevar a cabo el asesinato de la vicepresidenta de la Nación". Según el fiscal, uno de los planes era infiltrarse en movilizaciones kirchneristas, como había pensado Brenda: "Es cuestión de organización y hacer como un caballo de Troya", afirmó.

Los videos tomados por los simpatizantes de Cristina Fernández de Kirchner muestran cómo Sabag Montiel intenta pasar la primera línea de individuos que formaban un cordón humano frente a la vicepresidenta. Aprovechando la confusión y desorden generados por la multitud, apunta el arma hacia su rostro a escasos centímetros y acciona el gatillo, aunque sin éxito, según afirma el fiscal.

Carlos Rívolo, el fiscal de la causa por el atentado a CFK.jpg

El arma que llevaba Sabag Montiel no fue vista ni por Cristina ni por sus custodios, solo se percataron de un tumulto. Fueron los propios militantes kirchneristas quienes detuvieron al agresor para evitar que escapara. Desde entonces, el joven está detenido. Cuatro días después, su pareja, Brenda, fue capturada, logrando escapar disimuladamente del lugar.

El fiscal destaca que no se encontraron pruebas que demuestren que el grupo contaba con una financiación para llevar a cabo el intento de homicidio. El estado patrimonial de los detenidos respalda esta afirmación. La principal fuente de ingresos de Brenda era la publicación de contenido erótico. Incluso, no fue necesario que compraran la pistola Bersa con la que Sabag Montiel intentó disparar, ya que pertenecía a un conocido fallecido con quien había convivido.

En el dictamen se expresa que "la actividad desplegada por los detenidos para llevar a cabo el ataque no requirió, por sus características, de financiamiento económico ni de recursos extraordinarios. El día del hecho se trasladaron en transporte público y se aproximaron al lugar como lo habían hecho días anteriores, caminando. A esto se sumó la obtención del arma de fuego perteneciente al fallecido Herrera, vecino de Sabag Montiel y con quien convivió por un breve lapso de tiempo. Con la pistola oculta entre sus ropas, Sabag Montiel se ubicaría entre los seguidores de su víctima, disimulado como uno más, con el objeto de lograr acercarse a ella y ejecutar su designio criminal".

Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte.jpg

El pedido de la fiscalía para llevar esta parte del caso a juicio no implica el cierre de la instrucción. Mientras se desarrolla el juicio y se determina la responsabilidad de los detenidos, el fiscal continuará analizando otras líneas de investigación, incluyendo la hipótesis de los autores intelectuales y el papel de la custodia de la vicepresidenta.

Sin embargo, la posición del Ministerio Público choca directamente con la interpretación de la vicepresidenta sobre el curso del caso. La querella solicitó que el caso no vaya a juicio hasta que se profundicen pistas, como la que involucra al diputado del PRO Gerardo Milman. Un testigo, asesor legislativo del Frente de Todos, declaró haber escuchado a Milman decir en un bar, 48 horas antes del ataque, "cuando la maten, yo voy a estar camino a la costa".

Para Cristina Kirchner, desmembrar la investigación atenta contra el proceso. En el mismo escrito, sus abogados José María Ubeira y Marcos Aldazabal critican nuevamente a la jueza María Eugenia Capuchetti, a quien acusan de encubrimiento. A raíz de los últimos movimientos del caso y la aparición de una de las secretarias de Milman, quien solicitó ampliar su declaración para dar detalles sobre el borrado de su teléfono, la querella también ha recusado al fiscal Rívolo. Esta solicitud fue rechazada por la magistrada y apelada en Cámara.

Con la opinión de la fiscalía, ahora corresponde a la jueza notificar a las defensas. Se espera que los dos defensores oficiales de Sabag y Brenda estén de acuerdo en llevar el caso a juicio pronto. En su momento, no apelaron ni siquiera los procesamientos, que quedaron firmes en septiembre de 2022, cuando aún no había transcurrido un mes desde el atentado. El abogado de Carrizo, Gastón Marano, también ha solicitado una definición sobre el estado de detención de su cliente en una celda de la cárcel de Marcos Paz.

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