{# #} {# #}
El gasto discrecional que los estados vienen haciendo en medio de la pandemia ha adquirido, en algunos casos, una magnitud que todavía no se puede medir objetivamente, y ni siquiera las ejecuciones presupuestarias (si es que las hacen al final de los ejercicios) garantizarán que la billetera se abrió realmente para quienes lo necesitan y libre de sospechas de corrupción.
En el caso de los gobiernos nacional y provincial, tal discrecionalidad debería estar resguardada por las respectivas leyes de emergencias económicas, pero aun así es difícil aventar sospechas respecto del modo que lo están haciendo.
Sin embargo, ayer sorprendió un informe de tres técnicas del Fondo Monetario Internacional (FMI), quienes advirtieron que la mayor parte de los estados miembro del organismo prevén reducciones significativas de sus déficits fiscales para el año que viene y tal cosa se hará sacrificando el gasto social.
Así las cosas, las economistas Oya Celasun, Lone Christiansen y Margaux Mac Donald sugirieron que el apoyo debe mantenerse durante toda la crisis, ya que una retirada prematura de la ayuda supondría un daño mayor para los medios de vida y aumentaría la probabilidad de quiebras generalizadas, lo que a su vez podría poner en peligro la recuperación.
Por lo tanto, dicen las economistas, “siempre que sea posible, las economías deberían resistir el endurecimiento de la política fiscal demasiado pronto y, en cambio, garantizar un apoyo continuo para la atención médica, las personas y las empresas. En economías con limitaciones en su capacidad de gasto, se puede justificar una nueva priorización del gasto para proteger a los más vulnerables”. ¿Se volvieron locos en el FMI?