A partir de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal de Neuquén, el 14 de enero de 2014, los roces entre jueces y fiscales por la aplicación de distintos criterios jurídicos se hizo más evidente. Hablar de una interna en la Justicia, entonces, no es algo nuevo. Pero algunos casos mediáticos y con amplia resonancia en la opinión pública nacional ponen a la interna judicial en el grado más alto del espectáculo. Tal es el caso de la causa mapuche y los conflictos en Vaca Muerta. Hace unos días, el jefe de fiscales, José Gerez, salió a defender la actuación del Ministerio Público Fiscal en el desalojo (pacífico) de la comunidad mapuche (aún no reconocida oficialmente) Fvta Xayen, que había ocupado tres campos de empresarios y crianceros en Tratayén. En el allanamiento se secuestraron armas debajo de un toldo usado como puesto de guardia. También había botellas con nafta y pequeñas cantidades de droga que, según los mapuches, fueron plantadas por la Policía. Pero sucede que el Tribunal de Impugnación anuló el procedimiento con un argumento: la carpa donde pernoctaban los mapuches era considerada “una morada” judicial, por lo que necesitó una orden de un juez –y no sólo la actuación de un fiscal– para validar el accionar de la Policía. La decisión fue un cachetazo, pero ahora el mismo Gerez se la quiere cobrar: irá al Tribunal Superior de Justicia para “impugnar lo impugnado”. Una discusión que pareciera menor terminó en una guerra judicial, con un gran telón de fondo que, en este caso, siempre es el clima político. Se sabe que Gerez no es sólo un fiscal inquieto, sino un gran relacionista público y político que a veces logra molestar a la silenciosa corporación judicial.