Por GABRIEL RAFART
De tanto en tanto aparece la exigencia de lograr una democracia del control. También, otra del gobierno de los especialistas, o sea, aquella en que los profesionales metan mano en cuestiones que no son de común entendimiento. Ambos planteos se hacen frente a todos los temas, más aún si se trata de la seguridad ciudadana. Hoy este debate alcanza a las posibilidades de una reforma del Código Penal y en los procedimientos con que deben actuar los jueces.
El planteo tomó entidad la semana pasada desde el momento en que la presidenta Cristina Fernández anunciara que este año los legisladores tendrían un proyecto de código en materia penal para discutir. Inmediatamente se coló la discusión con intereses de posicionamiento político, como naturalmente ocurre.
Después de la Presidenta, fue el líder de la nueva criatura del Frente Renovador quien lanzó la siguiente piedra. Y lo hizo con el ruido del político de la era de la mediatización de la misma política. Suena a cataclismo frente a un tema de una enorme sensibilidad en la opinión pública.
Fue el mismo Sergio Massa y luego sus seguidores que aportaron la voluntad de una idea de democracia de control exigiendo una consulta popular para enfrentar lo que consideran un proyecto cuasi abolicionista respecto a las penas aplicables a quienes infrinjan la ley. Subordinaron esa idea de imponer el control frente a los saberes técnicos, proponiendo un debate sin que el ciudadano promedio tuviera a su alcance siquiera un resumen del proyecto, de esos que una popular página de la web como "El rincón del vago" sabe hacer. Las apariciones del propio Massa tampoco aportaron, ya que por momentos su flojedad fue de alumno criticón que busca ganar espacio entre sus camaradas. Solo basta escuchar los audios sobre un delito común en el mundo campero –el abigeato, o sea apropiación indebida de ganado- para ver que intenta congraciarse con una parte de su base electoral.
La defensa del anteproyecto estuvo en manos del juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, quien presidió la comisión de especialistas que por más de dos años estudió el tema. Ese cuerpo fue integrado por representantes de cinco fuerzas políticas con presencia en el Congreso: María Elena Barbagelata, por el FAP; León Arslanian desde el PJ, por el PRO; Federico Pinedo y Ricardo Gil Lavedra, en representación de la UCR. Cuentan con antecedentes en academias, trabajo ministerial y labor legislativa. A ninguno de los convocados se les podía espetar que formaran parte de la utopía de un sistema social sin ley ni penas. A pesar de que las voces de Pinedo y Gil Lavedra acompañaron las críticas de Zaffaroni hacia Sergio Massa, las fuerzas políticas que los habilitaron a tan encomiable tarea se alejaron del anteproyecto en discusión.
Lo cierto es que la rápida reacción de Massa, que propone recolectar más de cinco de millones de firmas negacionistas, además de una consulta popular, fue amplificada adecuadamente desde los medios generando a su vez quiebres en las frágiles coaliciones partidarias que tienen presencia en el Congreso Nacional. Según se dice, el lugar más incómodo le cabe a las huestes parlamentarias del kirchnerismo. Aún más, pasados seis días de la jugada massista, el proyecto ya carecería de oportunidades y murió sin llegar siquiera a nacer para la vida parlamentaria.
Los críticos sostienen que el oficialismo no se mete en la cuestión de fondo. Que la verdadera batalla se da entre dos miradas: en un reduccionismo imprudente se divide el mundo entre quienes están con la idea de un código a favor de las víctimas y los otros, que se ponen del lado de los victimarios. En cambio, se pusieron a rebatir lo que ignora el flamante diputado del FR de la Constitución Nacional. Le dijeron que lo suyo era “ignorancia supina“ y que debía volver a cursar la carrera de Abogacía, ya que desconocía esa parte de la letra constitucional que según versa en su artículo 39: “No serán objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal”. Todo frente a una embestida furibunda contra una reforma del Código Penal que aún no logró estado parlamentario y que recién el ministro Julio Alak ha puesto en manos de sus propios especialistas antes de saber si tal como está entrará este año al Congreso. Sin duda se impuso el actual momento de obscuridad para Massa, que urge recuperar acciones para la consideración pública –se dice necesidad electoral–. De allí que el oficialismo puede llevarse la bandera de la verdad y denunciar que la voz turgente del Frente Renovador carece de una preocupación real sobre el tema. Y que cada parte criticada muestra cuán lejos está de saber sobre la materia en discusión. Sobre todo porque la esencia de la reforma radica en la necesidad de unificar una legislación que fue modificándose, con actualizaciones responsables y otras veces no tanto desde el llamado populismo punitivo, tal lo ocurrido hace una década con el paquete de leyes del tiempo Blumberg. Y todo eso fue superponiendo a lo largo de casi una centuria.
Así como las democracias realmente existentes son cada vez más exigentes en lograr un poder administrativo eficaz, profesional y, por si fuera poco, barato, o sea, un buen gobierno, también resultan pretensiosas en hacer realidad la idea del control popular sobre los gobernantes y las leyes. El pueblo debe ser quien construya el mejor gobierno, se afirma desde el civismo básico del ciudadano. Por si fuera poco, muchos sostienen que el mejor gobierno es el que sabe castigar. Las dos cosas no siempre se pueden resolver a un mismo tiempo. Hace más de siglo y medio atrás, Alexis de Tocqueville, el primer gran pensador liberal-conservador de una democracia moderna que recién asomaba al mundo, decía: “La noción de gobierno se simplifica: solamente el número hace la ley y el derecho. Toda la política se reduce a una cuestión de aritmética”. Por supuesto que las cosas son más complejas pero el número en las democracias lo da el pueblo. Otros dirán que ese número se da en la sede del legislador. Además, se dice a veces que el gobierno no se lleva bien con el número, menos aún el buen gobierno. En la Argentina de estos años esta doble exigencia resulta un desafío para el político democrático aunque este reviste en su posición de legislador o juez. La discusión de estos días acerca de un anteproyecto que pocos conocen sobre un nuevo Código Penal tensiona aún más la posibilidad del nacimiento de una democracia del control popular porque hay actores que disponen del oportunismo por sobre todas las cosas.