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El último pedazo de tierra que les quedaba, se lo tomaron con la Policía en el chalet de su casa

La familia Kohan denunció la usurpación del último pedazo de tierra que les quedaba bajo su posesión, en la chacra tomada del barrio Labraña. Los ocupantes prendieron fuego la parcela y destruyeron algunas máquinas.

Las últimas novedades en torno a una toma que se constituyó en agosto de 2020 y tiene orden de desalojo no son para nada buenas. La última parcela de tierra que tenía la familia Kohan a su disposición, donde quedó la casa y había máquinas petroleras bajo contrato, fue usurpada.

Uno de los hermanos Kohan vivía en esa vivienda, y se murió esperando el desalojo. Desde entonces, el lugar quedó a resguardo de la Policía. Pero no sirvió de nada. Tarde o temprano, esa parcela corrió la misma suerte que la totalidad de la chacra usurpada.

Según informó la abogada que representa a la familia, Daiana Vásquez, "tomaron el último pedazo de tierra que les quedaba, estando la Policía en el chalet de la casa".

Se trata un predio grande, de aproximadamente una hectárea, donde también están las máquinas, las cuales indicó que fueron destruidas. "No es su totalidad, pero sí una gran parte", añadió la letrada, en diálogo con LMCipolletti.

Toma Labraña05.jpg

La usurpación, comentó, fue violenta, en tanto prendieron fuego y hubo heridos de bala entre los mismo ocupantes. Llamativamente, hubo un silencio de radio sobre los graves incidentes que denuncia la letrada.

Pero ella, cansada de esperar por un desalojo que no se concreta y del que muchos funcionarios públicos hicieron alarde, hizo público el hecho, uno más lamentable.

Es que la historia de esa chacra y su devenir en una toma es la síntesis de un Estado que no puede hacer cumplir la ley.

El desalojo tiene sentencia firme. Hubo dos jueces que lo ordenaron. Los dos advirtieron que el despojo que sufrió la familia Kohan no es el camino para resolver las falencias que debe subsanar el Estado , más aún cuando el despojado de la propiedad privada no tiene absolutamente nada que ver con el conflicto.

olla popular toma labraña

El juez Guillermo Baquero Lazcano fue claro y contundente. Les dijo a los ocupantes que se tenían que ir, que su estado de necesidad no justificaba la comisión de un delito, que el derecho de uno termina donde empieza el del otro. Advirtió también que de seguir dilatando el desalojo, lo único que se logra es acrecentar el conflicto.

Pues bien, la toma siguió consolidándose. La orden de desalojo se apeló una vez más. Hubo un tribunal de impugnación posterior que deliberó en consecuencia y dejó firme la sentencia. Pero aún así el Estado no ejecutó la orden.

toma labraña drone

El fiscal del caso Gustavo Herrera dijo en noviembre pasado que no perdía las esperanzas de que pudiesen desalojar la toma. El intendente Claudio Di Tella expresó reiteradas veces que no avala las tomas. El ministro de Gobierno, Rodrigo Buteler, también se comprometió a gestionar una salida pacífica.

Pero lo cierto es que la toma está ahí y ahora avanzó sobre lo poco que quedaba bajo dominio de sus propietarios.

"Todo quedó en la misma nada, y Buteler ya ni siquiera nos atiende el teléfono", advirtió la abogada.

rodrigo buteler.jpg

Mandó carta documento al fiscal Herrera, al ministro de Gobierno, a la ministra de Seguridad y Justicia, Betiana Minor, y una más a la gobernadora Arabela Carreras, por cuanto entiende que no están cumpliendo con el ejercicio de sus funciones.

"Después de la formulación de cargos, el expediente penal no tuvo más movimientos. No pasó más nada, con decirte que estamos al borde de la caducidad", indicó.

Así llegó a la conclusión de que más allá de las palabras, el Estado con sus acciones demuestra lo contrario, que avala las tomas. Adelantó que el próximo reclamo será judicializado.

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