En medio de la rosca de los distintos sectores políticos para sacarle el máximo provecho particular a la Ley Electoral, surgieron algunas críticas al costo que significa para el Estado sostener las elecciones en dos tramos, primarias y generales, como están planteadas desde 2010, cuando se modificó la normativa.
Los profetas del mercado no conciben que el Estado invierta en nimiedades como las elecciones, que sólo sirven, dicen, para enriquecer a partidos políticos y dirigentes. Al mismo tiempo, aseguran que ningún sistema es mejor que la democracia, que es inconcebible sin elecciones. Y estas no serían lo que son sin partidos ni dirigentes. Es inaceptable la descalificación de un método electoral sólo por el costo que implica. Con la plata que pudiese ahorrarse en las elecciones no se hacen hospitales ni escuelas ni se les paga a los jubilados, como pretenden los enemigos de la inversión estatal en la organización de los comicios, quienes, sin embargo, no se animan a pedir un Estado sin elecciones, porque sería pedir una dictadura, con la prensa inconveniente que ese sistema de gobierno tiene entre la mayoría abrumadora de los argentinos.
De cara a las elecciones legislativas, la mayor parte de las fuerzas en competencia han definido listas únicas. ¿Es suficiente esa tendencia para concluir en que las PASO no sirven? No. Los que disputan espacios de poder siempre intentarán sacar ventajas sea cual sea la ley en cuestión. Las elecciones deben ser pagadas por el Estado, si no se quiere depender del gusto de las corporaciones más poderosas en esta materia. Y el sistema electoral jamás debe condicionarse al costo que implique, sino al aporte que haga al fortalecimiento de la democracia.
El sistema electoral jamás debe condicionarse al costo que implique, sino al aporte que haga a la democracia.