Por GABRIEL RAFART
El Congreso abrió las sesiones ordinarias de este año. Su actual composición es favorable al oficialismo. Hay novedades entre sus autoridades. Sorprendió el cambio reciente en el Senado al colocar a un ex gobernador de pasado radical en la línea de sucesión presidencial.
La inauguración de ayer se hizo como corresponde, con un mensaje de la titular del Poder Ejecutivo. Hasta ahora Cristina Fernández fue responsable de siete aperturas consecutivas. Este es un año sin elecciones. Le resta sólo un último período coincidente con el cambio presidencial. El discurso de este año tuvo un tono muy parecido al pronunciado hace doce meses.
No fue “tan chavista” por lo extenso como los últimos años, pero tampoco fue “cortito” del primero pronunciado al inaugurar el año legislativo del 2008 –apenas setenta minutos–. Fue para pensar la década transcurrida mirando los logros locales, siempre desde la estrategia de la comparación con el pasado argentino y con el mundo y la región. Desde ese discurso de pedagoga y ofreciendo abundantes datos –“macheteados” y sabiamente memorizados– hizo la esperada defensa del “modelo” kirchnerista, planteando la urgencia de no desmontarlo con las peleas de intereses.
Para ello, renovó la exigencia de que el mundo empresario prime el espíritu de “burguesía nacional”, sobre todo por su comportamiento frente a sus demandas sectoriales. Hizo un repaso de la fortaleza estatal, de su capacidad por invertir en políticas sociales, desarrollo científico, en salud, etc. Por un momento insistente en temas ya abordados, también tuvo palabras para la coyuntura que hace a la negociación en marcha con los docentes.
Fue creativa al cambiar el nombre de “presentismo” por “presencia pedagógica” del docente para referirse a una parte de la oferta salarial del Gobierno. La coyuntura también fue para elogiar el nuevo Procrear y el más reciente del Progresar. Todo con números que refieren a situaciones sociales y a datos duros de para la economía doméstica.
Distintos y parecidos
Podría decirse que este nuevo año legislativo no será muy distinto a los anteriores, aunque en términos de rendimientos puede ser de los mejores, si de una vez por todas se aprueba el demorado Código Civil y Comercial que cuenta con media sanción en la Cámara Alta.
Este año, la discusión incluirá un nuevo proyecto de Código Penal. Todo con el impulso del motor presidencial que siempre presentó sendos proyectos de gran impacto.
Sólo considerando el actual mandato del segundo Kirchner cuando un 1 de marzo de 2011 informaba del envío al Parlamento de un proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central. Con ello se pretendía “ponerle definitivamente un fin a la convertibilidad”, según las palabras de la misma Presidenta. Ese proyecto se discutió, modificó y aprobó durante aquel año. Semejante impulso reformista se continuó exactamente hace un año cuando Cristina, hacia el final de sus casi cuatro horas de su discurso inaugural, planteaba la democratización del Poder Judicial y resumía en un conjunto de enunciados la media docena de proyectos que un mes después empezaron a defender sus legisladores.
Es sabido que la mayoría de ellos fueron aprobados -elección popular de miembros del Consejo de la Magistratura, reforma del Código Procesal para limitar el poder de las medidas cautelares, entre otros-, y también bloqueados por una interpretación especial que hizo la Corte Suprema acerca de su constitucionalidad. En definitiva, las legislaturas de estos años deben ser consideradas proactivas y peleadoras.
Política parlamentaria
Contrariando el sentido común político de muchos y aceptando la voz de los académicos que estudian el comportamiento de los parlamentos dentro de los regímenes presidencialistas, la característica más notable del Congreso argentino es su estabilidad institucional y relativo buen desempeño.
La vida parlamentaria nunca fue clausurada. Aún más, desde hace dos décadas amplió en varios meses su periodo anual de sesiones. Cuando cierre 2014 serán treinta y un años consecutivos de funcionamiento y producción legislativa.
Sin dudas, las distancias son enormes respecto de los tiempos del largo parlamentarismo oligárquico o aún, en su continuidad, con aquel congreso del primer radicalismo que se dio hasta 1930. Todo se debe a la calidad de la democracia existente. La actual es de sufragio amplio, pluralista y sin exclusiones. Aun así, se contabilizan 132 períodos de sesiones ordinarias. Importa también la calidad de la relación establecida entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Como afirma el investigador argentino Ernesto Calvo, docente en la Universidad de Maryland de Estados Unidos, en el país el control legislativo sobre el presidente es más extenso que el que se da en la mayoría de los presidencialismos contemporáneos. En sus términos: “A nivel empírico, la imagen del Congreso argentino como una escribanía del poder ejecutivo y a merced de mayorías arrolladoras es demostrablemente falsa. En primer lugar, porque desde la transición democrática en 1983 el Congreso argentino ha rechazado o enmendado una mayoría de proyectos de ley que fueron propuestos por el ejecutivo, en contraste con muchos de sus pares de América Latina”.
Además porque la mayoría de los proyectos tramitados y aprobados por el Congreso desde 1984 fueron propuestos por diputados y senadores. De acuerdo a ello, los legisladores no han sido ni sirvientes ni recalcitrantes respecto del poder ejecutivo.
El mismo Calvo, en un artículo científico que sortea el lenguaje académico, lo explica mejor: “Es decir, el Gobierno no está arreando vacas -que aprueban acríticamente lo que sea puesto a consideración del plenario-, ni tampoco arreando gatos -que son incapaces de consensuar en materias de política pública”.
Limitaciones propias
Finalmente, volviendo a los que saben un poco más que cualquier mortal y opinador interesado de la defensa del Congreso como institución clave de la democracia plantea ciertos déficits, dicho por el citado Ernesto Calvo, los parlamentos pasados no siempre han estado a la altura de las circunstancias: en momentos históricos importantes han fallado en el diseño político de cuestiones centrales en materia económica, política y social.
“Estas limitaciones, en mi opinión, son responsabilidad de los actores políticos que han estado a cargo de la institución del Congreso. Sin duda existen grandes deudas económicas y sociales sobre las cuales el Congreso necesita actuar como, por ejemplo, la incapacidad que ha tenido para lidiar con crecientes desigualdades económicas, exclusión social y la generación de un marco económico sustentable en el largo plazo. Sin embargo, estas limitaciones no son institucionales sino políticas, esto es, el resultado de un sistema de partidos y de prioridades políticas que no requieren cambios institucionales sino cambios políticos”, señaló el especialista.