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Por GEORGINA GONZÁLES Y PABLO MONTANARO
Intervenía en las decisiones sobre las víctimas ilegalmente detenidas, tanto en “La Escuelita” como en las cárceles comunes.
Neuquén > Su nombre es uno de los más mencionados en las audiencias que se desarrollan en la sede de AMUC, donde está emplazado el Tribunal Oral Federal en este segundo juicio en el que se investiga a 23 represores por crímenes de lesa humanidad cometidos en la región durante la última dictadura militar.
Lo mismo pasó durante el primer tramo de este proceso judicial, ya que Luis Alberto Farías Barrera, quien se desempeñó como jefe de la División Personal del Comando de la VI Brigada de Infantería de Montaña, era el encargado de atender a los familiares que buscaban saber algo de sus seres queridos que habían sido secuestrados y desaparecidos durante esos oscuros años.
Sus gruesas cejas y su gran porte quedaron marcados en la retina de muchas de las personas que visitaban el edificio de la Avenida Argentina en busca de alguna respuesta.
“Lo tenemos nosotros” o “No lo tenemos nosotros”, eran las palabras que Farías Barrera les respondía a los familiares que llegaban al Comando en busca de alguna pista o idea de dónde podría estar su hijo, su hermano o su marido.
Farías Barrera, quien en el primer tramo del juicio fue condenado a 22 años de prisión por su responsabilidad en los secuestros de 17 personas, era casi como el dueño de la vida y la muerte de los detenidos.
Él era el que debería tener datos de todo lo que pasaba para saber qué información podía darle a los familiares y qué no. Hasta quizás contaba con la información de qué iba a pasar con esa persona, cuál iba a ser su destino final.
Al ex militar le correspondía “la responsabilidad primaria sobre todos los aspectos de individuos bajo control militar directo como además concretas funciones en relación a los prisioneros de guerra, tales como su reunión y procesamiento (clasificación, internación, separación, evacuación, régimen interno) y proporcionar a la División Logística los requerimientos para prisioneros de guerra y las apreciaciones sobre las cantidades de prisioneros que se capturarán y para el transporte prisioneros de guerra”, según indica el texto del acta de elevación a juicio. Es decir que Farías Barrera intervino en las decisiones de todos los aspectos vinculados a las víctimas ilegalmentes detenidas, en cuanto permanecían a disposición del Ejército, ya sea alojadas en el centro clandestino de detención La Escuelita y en las cárceles comunes como en sus traslados y atención de sus familiares.
Aunque su enjuiciamiento está suspendido por el momento por un ataque cardíaco sufrido el 5 de abril, los testigos lo marcan como una de las últimas personas que sabía el paradero de sus familiares secuestrados.
"Nunca nos decía nada"
Feliciana Alcapan, madre de los desaparecidos José Francisco y Juan Raúl Pichulmán, recordó en su testimonio que Farias Barrera era quien la recibía en el Comando.
Dijo que no tenía miedo cuando iba al Comando a buscar noticias sobre sus hijos. “Subía a escalinata del Comando y pedía audiencia con Farías Barrera, pero él nunca me decía nada. Sólo repetía que a mis hijos se los habían llevado los extremistas”, rememoró.
También Elena Meraviglia, ex esposa de Luis Genga, fue a ver al ex militar varias veces. “Me dijo que no sabía nada, me preguntó por qué lo estaba buscando si en realidad estaba separada”, recordó.
Rita Cantero, la mujer del desaparecido Javier Seminario, aseguró que una vez le mostró un papel donde decía que había sido liberado. “Decían que estaba libre, pero no llegaba”, expresó ante el Tribunal.
“Tengo buenas noticias. Su hijo saldrá en libertad. Acá tengo algunas de sus pertenencias, entre ellas una campera, un libro y algo de dinero", le dijo una vez Farías Barrera a los padres de José Delineo Méndez, quien aún sigue desaparecido. Octavio Méndez, hermano de José, acusó directamente a Farías Barrera de saber qué hicieron con él.