Fuentealba II: "Fue un operativo abusivo y desmesurado"

En una extensa jornada, todas las partes involucradas en el juicio denominado Fuentealba II expusieron este lunes sus alegatos. El primero fue el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid quien aseguró al Tribunal que lograron acreditar la responsabilidad de los hechos imputados a Benito Matus; los abogados querellantes Ricardo Mendaña y Marcelo Medrano aseguraron que están comprobados los hechos imputados a los 8 policías y anunciaron que van a solicitar que se declaren las conductas y los hechos juzgados como constitutivos de grave violación a los derechos humanos. Por su parte, todas las defensas coincidieron en la "falta" de pruebas y pidieron la absolución para sus defendidos.

"Creemos que hemos probado la calificación oportunamente adoptada, la de abuso de armas en concurso real con lesiones leves agravadas por haberlas sido efectuadas como funcionario público", expresó Breide Obeid sobre Matus, el único imputado por la Fiscalía .

El fiscal mencionó que cada uno de los testigos que pasó por el estrado vio con una escopeta a Matus el 4 de abril de 2007 en Arroyito cuando fue asesinado el docente Carlos Fuentealba.

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"Él daba órdenes, no solo tenia la escopeta sino que daba órdenes, daba instrucciones para posicionarse a disparar", apuntó el fiscal, quien luego sumó a su alegato la descripción del hecho del "disparo" que recibió un Ford Escort Verde. "Estamos frente a un disparo directo", aseguró el fiscal, quien además dijo que todos los presentes escucharon los ruidos de chapa en la luneta.

Además de adherir al planteo de la fiscalía respecto de Benito Matus, los abogados querellantes solicitaron la responsabilidad de Carlos David Salazar, Moisés y Adolfo Soto, Jorge Bernabé Garrido y Mario Rinzafri por el delito de abuso de autoridad; y de Aquiles González y Julio Lincoleo por encubrimiento.

El alegato de la querella comenzó con el abogado Medrano, quien solicitó al tribunal comprender lo que sucedió en un contexto de "un operativo abusivo y desmesurado con consecuencias que los jueces pudieron palpar".

"No se trata de un juicio contra la policía, se trata de un juicio contra funcionarios policiales imputados de violar la ley. No existe legalidad amparable por parte de la Policía", lanzó el querellante.

Mendaña hizo hincapié en la preparación del operativo, dijo que quedó confirmado, -no solo porque lo dijo el exgobernador Jorge Sobisch- que hubo una reunión del exgobernador con el subjefe de policía y que quedó probado por muchos testigos que intervinieron muchos grupos especiales como los de Zapala, Cutral Co, Junín de los Andes y también tres grupos de la metropolitana.

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"No había un enfrentamiento, no había una agresión que había que controlar, eso no existió. En la inspección ocular se secuestraron por lo menos 20 cartuchos de gas y cartuchos de proyectiles", advirtió el querellante, quien además aseguró que está comprobado que "Poblete fue ocultado en un vehículo para que no pudiera ser identificado".

Para Mendaña "esto explica que el objetivo fue de escarmiento y no de liberar la ruta, no existió ningún reproche judicial sobre esto, no había una orden de un juez para desalojar. La jefatura actuó en la forma que vimos, de manera ilegal e ilegitima".

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Defensas

La abogada defensora encargada de iniciar los alegatos fue Manuela Castro, quien dijo que no quedó acreditado la ubicación de los jefes durante la represión. Gustavo Lucero fue el siguiente abogado defensor en presentar su alegato y dijo: "Espero que de una vez por todas comiencen a terminarse los días tristes en esta querida provincia de Neuquén, sueño con un Neuquén donde la educación no esté más en manos de un gremio sino de un gobierno y donde no nos coarten la libertad de circulación".

"Sueño en una Neuquén donde se respeten a las autoridades y principalmente a las policiales, se les quiere imputar a estos jefes que incurrieron en gravísimos violaciones a los derechos humanos, que el gobierno quiso hacer escarmentar al gremio ATEN, pero todos estos discursos han quedado vacíos de evidencias", aseguró Lucero.

El defensor aseguró que la Policía se dedicó a "disuadir" y que "no llegó a reprimir poniendo manos sobre los que estaban manifestando, castigándolos". "De la misma forma rescatemos el respeto a las autoridades públicas. Si la autoridad ordena algo que se cumpla, ¿desde cuándo las órdenes de la Policía o de un gobernador o un juez se tienen que someter a asamblea?", lanzó el abogado, quien además celebró la declaración de Sobisch por su "coraje".

"Felicito a estos jefes policiales que actuaron por el bien de toda la sociedad y que no se dejaron doblegar por las presiones de unos pocos, ellos y también sus familias deben ser rectificados", afirmó.

El resto de los defensores también aseguró que pedirán la no culpabilidad de sus defendidos ya que "no se comprueban los delitos imputados". "Son cuatro imputaciones distintas en un solo proceso, récord mundial. Voy a solicitar que se declare la absolución de los defendidos porque los hechos que se le habían imputado no tienen que ver con lo expuesto en este proceso", advirtió otro de los abogados.

Los defensores aseguraron que "hubo falencias en la acusación", que el material utilizado para detener la movilización "no era bélico", sino que "disuasivo" y que pedirán la absolución por falta de responsabilidad de losa acusados.