La decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos (de no considerar el caso argentino) y la determinación de la Cámara de Apelaciones neoyorkina (de habilitar los embargos contra nuestro país) pusieron a la Argentina entre la espada y la pared.
No es el momento de pasar el resaltador sobre la eficacia de la administración de Cristina en el manejo atinado o no del caso; un caso, digámoslo, derivado de la peor inmoralidad del capital: la usura de los fondos buitres.
Ayer el agrio juez Thomas Griesa dijo que no podía confiar en la Argentina porque, entre otras cosas, escuchó a Cristina en cadena nacional hablar de la extorsión a la que era sometida olvidando que, pese al tono bravucón del Gobierno, fue éste y no otro el que se hizo cargo de la monstruosa deuda externa heredada en sucesivas capas geológicas de la dictadura, el alfonismo, el menemismo y la Alianza. Y también es el gobierno que con más recursos y puntualidad paga a los acreedores reestructurados por Néstor Kirchner y Roberto Lavagna.
La reunión de Griesa con las partes en conflicto sólo sirvió para desatar las manos del verdoso Godzila financiero. Si la Argentina paga 1.500 millones a los buitres, habrá una reacción en cadena del resto de los bonistas que pedirán igualdad de condiciones. Si la Argentina cumple a fin de mes con los bonistas reestructurados, los buitres podrían embargar ese dinero. Por eso la Argentina no tiene más remedio que fijar en Buenos Aires el domicilio de pago, aunque don Griesa vuelva chillar en su traje de amianto.
Lo dijo Cristina: Argentina va a honrar sus deudas. Ahora la oposición debería mostrar un frente único olvidando 2015. Porque, como deben saber, primero está el barquito en el que todos viajamos hacia el futuro.