Hay acuerdo por la nueva ley de prisión preventiva

Llevó 3 años de debate. Se aplicará cuando la víctima corra riesgos.

Ana Laura Calducci
calduccia@lmneuquen.com.ar

Neuquén
El MPN logró ayer el acuerdo político para modificar las condiciones de prisión preventiva. Luego de tres años de debate, con encendidas voces a favor y en contra, obtuvo el respaldo de sus colectoras más el PRO, la UCR y UNE-FPN, lo que le permitió emitir despacho. La ley se podría sancionar en las próximas sesiones de la Cámara, si se mantiene el apoyo conseguido en comisión.

El MPN logró el apoyo político. Hay críticas del Colegio de Abogados. Intenta proteger a las víctimas de sus agresores en caso de antecedentes violentos.

El despacho es similar al proyecto que presentó en abril el gobernador Omar Gutiérrez. Entre las condiciones para dictar prisión preventiva, incorpora “el riesgo a la integridad de la víctima y su familia”, un punto que recibió críticas de abogados y jueces, aunque lo limita a casos en los que existan antecedentes de violencia o se hayan violado otras medidas de coerción.

Otra modificación sustancial es que enumera los actos del imputado que deben considerar los jueces cuando evalúan el peligro de fuga o de entorpecimiento. Hoy, el Código Procesal Penal no especifica esos conceptos y los deja a criterio de cada magistrado.

El titular del bloque del MPN y presidente de la comisión que logró el despacho, Mario Pilatti, comentó ayer que tomaron planteos de los cuatro proyectos que había sobre el tema, así como los aportes que recibieron en los últimos meses.

Sostuvo que el Código Procesal neuquino, con sólo dos años de vigencia, “ya es una rareza” porque quedó desactualizado respecto “del camino que está teniendo la legislación procesal penal en el país”. Agregó que la tendencia es explicitar las condiciones para la preventiva, como lo hicieron Córdoba, Mendoza y Río Negro.

Remarcó que, con la reforma que se votará, “no estamos atándoles las manos a los jueces”, sino ayudándolos a “fijar algunas pautas para orientarlos al evaluar estas cosas”. Subrayó también que la incorporación del riesgo para la víctima y sus allegados fue “mesurada”, porque sólo se aplicará en casos donde ya hubo violencia probada o medidas de exclusión que no se respetaron.

En contra del despacho, se expresaron el Frente Para la Victoria, el Frente de Izquierda y los Trabajadores y Libres del Sur.

Guillermo Carnaghi, presidente del bloque kirchnerista, explicó ayer no acompañaron “porque el texto fue consensuado con otros bloques y lo recibimos horas antes de la reunión”. Agregó que, al margen de eso, coinciden con organizaciones “como el Colegio de Abogados, en que esta reforma es inoportuna y no resuelve el problema, porque hoy se pueden dictar todas las preventivas que sean necesarias”. Recordó que, según estadísticas oficiales, “de 188 prisiones preventivas solicitadas a los jueces el año pasado, en más del 70% de los casos se accedió a otorgarlas”.

El despacho tomará estado parlamentario el próximo miércoles y debe votarse en las dos sesiones siguientes, donde podría ser ley.

Cambios
Una incorporación enciende polémica

Uno de los cambios de la prisión preventiva que más discusión generó en la Legislatura fue la propuesta de tener en cuenta el riesgo que corre la víctima y su familia. El despacho mantiene esa modificación, aunque limitada a una serie de requisitos que se agregaron en las últimas semanas. Establece que, para determinar el riesgo de la víctima o su familia, deben existir “amenazas, atentados o hechos violentos” por parte del imputado “y en particular de causas de violencia de género que se encuentren en trámite”. También es aplicable si el acusado no cumplió con “otras medidas cautelares no privativas de la libertad que se hayan ordenado en protección de la víctima”.

La discusión surgió en 2014, con el primer proyecto que presentó el ex gobernador Jorge Sapag. Esa propuesta pasó dos años sin avances en la Comisión Interpoderes del nuevo Código Procesal. Con el cambio de gestión, el gobernador Omar Gutiérrez reanudó el debate y sumó su propia propuesta.

En la reciente ronda de consultas, varios especialistas se expresaron en contra. Uno de los más críticos fue el defensor general, Ricardo Cancela, quien advirtió que la preventiva “no es un adelanto de la pena” sino una medida del juez “para los fines del proceso, no para las víctimas”.

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