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Neuquén > Los diputados de la Comisión de Educación acordaron ayer en avanzar con la quita de subsidios a las escuelas privadas que cobran arancel y, para precisar la medida, solicitaron un informe detallado al Ejecutivo sobre qué colegios reciben aportes estatales y si esas sumas se han incrementado con los años. Hubo consenso mayoritario en no tocar a los establecimientos sin cuota obligatoria que cumplan “una función social”.
El tema se discutió a propuesta de Raúl Godoy (FIT), que impulsa una ley para eliminar todos los subsidios a la educación privada para destinar esos fondos –estimados en 250 millones de pesos anuales- a la construcción de colegios públicos. El legislador pidió un tratamiento rápido de la quita de aportes, sin dejar que la iniciativa se diluya, “por la gravedad de lo que se está viviendo en la escuela pública, como la situación de crisis en Centenario, donde se denuncia que hay 150 chicos que se quedaron sin banco”.
Tras el planteo, todos los presentes expresaron que coincidían en que no corresponde continuar con la ayuda estatal a las escuelas con matrícula obligatoria. “Si cobran arancel, no pueden tener subsidio”, fue la frase más pronunciada.
Sin embargo, varios manifestaron reparos en eliminar los aportes a las escuelas de perfil social o religioso, donde no se impone a los alumnos una cuota. Beatriz Kreitman (CC-ARI) mencionó como ejemplo más claro de estas instituciones al colegio Nuestra Señora de la Guarda.
María Angélica Carnaghi (MPN) agregó a la lista al Don Bosco, San José Obrero y la escuela Laura Vicuña, de Junín de los Andes. “No hay que poner a todas en la misma bolsa, sino analizar caso por caso”, propuso y pidió “no ser tan determinantes” en la quita de los subsidios. Dijo que una eliminación generalizada de los aportes dejaría “a muchas familias afectadas”, dado que los colegios privados podrían optar por aumentarles aún más el arancel, que hoy ronda los 3 mil pesos.
La presidenta de la comisión, Silvia De Otaño (MPN), fue quien propuso pedir un informe al Consejo Provincial de Educación antes de avanzar con la medida. “Sí, hay que tener una radiografía de lo que está pasando, cuáles son los establecimientos que cobran subsidios y si se han incrementado con los años”, añadió Carnaghi.
De Otaño sostuvo que el Gobierno no debe “ni fomentar ni permitir que se perpetúe esa educación privada”, a la que calificó como “de elite”, porque persigue una diferenciación social a través de cuotas elevadas. “Si querés la elite, pagá”, expresó, en sintonía con la opinión de sus pares.