El 29 de diciembre de 2001 un agente disparó contra los jóvenes que hicieron un comentario sobre los disturbios en la Plaza de Mayo.
Buenos Aires (NA) > La Cámara Civil y Comercial Federal condenó al Estado Nacional a indemnizar con 1.250.000 pesos más intereses de una década a la familia de dos jóvenes que fueron asesinados por un policía federal, durante las manifestaciones de diciembre de 2001, luego de la caída de Fernando De la Rúa.
En su resolución, el Tribunal condenó a pagar 575.040 y 678.000 pesos a las familias de Cristian Alfredo Gómez y Maximiliano Tasca, quienes fueron asesinados el 29 de diciembre de 2001 cuando estaban reunidos con Adrián Matassa -también muerto en ese hecho- y Enrique Díaz -quien resultó ileso- por el policía Juan de Dios Velaztiqui.
Durante esa jornada, Velaztiqui cumplía un “servicio adicional” en la estación de servicio situada en Gaona al 4.200 de la Capital Federal.
Reacción desmedida
En la madruga de ese sábado -una semana después de la renuncia del ex presidente Fernando de la Rúa- los cuatro amigos estaban sentados en el minimercado mirando la televisión, que mostraban escenas de unos disturbios ocurridos frente a la Casa Rosada (horas antes de la renuncia del fugaz presidente Adolfo Rodríguez Saá). Los manifestantes golpeaban a un policía.
Uno de los amigos hizo un comentario: “Por fin una vez le tocó a ellos”. Esto enojó a Velaztiqui, quien gritó “basta”, extrajo su arma y disparó contra Tasca, Gómez y Matassa, que murieron en el local. El cuarto amigó logró huir del lugar ileso.
El policía intentó fraguar la escena haciendo que pareciera un robo. Movió los cuerpos y “plantó” un cuchillo, pero la Justicia no le creyó y terminó en prisión perpetua por “triple homicidio calificado por alevosía”.
Fallo confirmado
Ahora, en la condena civil, la Cámara Civil y Comercial confirmó dicho fallo que condenó a la Policía Federal Argentina y al propio Velaztiqui al pago de 575.040 pesos a la familia Gómez y de 678.000 a los Tasca.
Para los jueces, el Estado es responsable porque “la diligencia exigible -a la Policía Federal Argentina, por las funciones cumplidas por sus integrantes- no se agota en la elección de su personal, sino que también le incumbe el estricto control de su desempeño y conducta, aun más si se tiene en cuenta que a sus agentes les hace entrega de un arma, cosa indudablemente peligrosa”.
“El Estado es responsable por el hecho" porque el arma que mató a los dos jóvenes fue provista por la Policía Federal.