Jueces enojados por la victimización tras la toma de la UNRN 

Los dichos de los magistrados federales se encuentran en una apelación, donde exhiben su molestia porque se habla de "criminalización de la protesta".

Jueces roquenses que forman parte de la Cámara Federal de Apelaciones se vieron obligados a aclarar que el proceso en contra de ex docentes de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) no tiene nada que ver con la denominada “criminalización de la protesta”, y resaltaron que las acusadas están siendo investigadas por la toma ilegal de un edificio público.

Muy enojados, los camaristas indicaron que “la imposibilidad de formular reproche penal a la conducta investigada postulando la fórmula según la cual ‘no debe criminalizarse la protesta social’ importa la afirmación de que son las actuaciones judiciales las que ‘criminalizan’ esas acciones, y que sus autores son injustificadamente sometidos a la ley penal, de donde aparecen como víctimas inocentes de un sistema perverso en el que los jueces resultan ser victimarios”.

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Apoyándose en la ley y principalmente en lo que afirman la mayoría de los libros de Derecho, los magistrados plantearon que “se proyecta sobre la opinión pública que ‘criminalizar la protesta’ consiste en transformar arbitrariamente a inocentes en criminales y que esa transformación es realizada por el poder judicial. Sin embargo, ello descansa sobre un sofisma inconsistente, según el cual se criminaliza una conducta que no es delito cuando se somete a la ley penal a un sujeto por el solo hecho de llevarla a cabo. Esta afirmación no resiste el menor análisis”.

El rector echó a las docentes acusadas

La toma del vicerrectorado de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) en General Roca ocurrió el año pasado y recién en diciembre, tras una orden judicial, se produjo el desalojo de las instalaciones con la intervención de Gendarmería.

Por el hecho hay varios acusados, entre los que se encuentran las docentes Victoria y Virginia Naffa. Ambas fueron echadas de la institución educativa por el rector Juan Carlos del Bello en junio. También la sanción alcanzó a 11 estudiantes.

Semanas atrás, la Cámara Federal de Apelaciones roquense respondió un recurso interpuesto por las acusadas y dejó en claro su posición sobre la presunta “criminalización de la protesta”.

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