Por PABLO ALÁ RUÉ (*)
Resaltemos en primer lugar la dimensión política. Una vez adoptada la decisión de asignar esta inédita magnitud de fondos a la inclusión social, resolver su distribución por mecanismos automáticos y no por canales discrecionales es un renunciamiento histórico a practicar el clientelismo en gran escala. Creo que esta cuestión, que expresa un rasgo de gran calidad institucional, no ha sido valorada en su justa medida. Agreguemos que esta medida rompe la asimetría de que solamente los trabajadores “en blanco” cobren asignaciones familiares al extender el sistema a los menores que no estaban cubiertos debido a un mercado de trabajo con una alta proporción de puestos precarizados o informales. A nadie se le ocurre decir que las esposas de los trabajadores formales tengan una propensión mayor a ser madres motivadas por las asignaciones familiares, cuestión que han sostenido algunos medios masivos de las mujeres indigentes y pobres de los hogares beneficiarios de la AUH. Esto muestra que la exclusión que sufre esta población no es sólo económica, sino que tiene fuertes raíces culturales en los prejuicios y estereotipos impuestos por sectores dominantes que sistemáticamente desvalorizan y esmerilan las políticas sociales orientadas a los sectores más vulnerables.
Desde el punto de vista económico, recordemos brevemente el contexto en que se adoptó esta medida en 2009. La explosión de la convertibilidad llevó los indicadores sociales a guarismos nunca antes registrados en la Argentina: más del 50% de la población con problemas laborales, casi el 60% de la población bajo la línea de pobreza y más del 25% de indigencia. El crecimiento sostenido desde 2003 generó un efecto inclusivo muy significativo, con creación de empleo y recuperación del salario real, pero persistían factores estructurales que mantenían la pobreza, la indigencia y la desigualdad en niveles altos. En ese contexto se gestó la iniciativa de una medida que significará una transformación sustantiva y rápida en la distribución del ingreso en la Argentina. El efecto de la AUH es en este sentido impactante. Las mediciones demuestran una gran reducción de los niveles de indigencia (entre un 55 y un 70%), que se sitúan hoy en los niveles más bajos de la historia económica argentina. Además se generó un efecto de disminución de la desigualdad, resituando a nuestro país entre los de mejor distribución de América Latina. Y, por último, se redujeron los niveles de pobreza, aunque en menor medida. Esta herramienta estructural -sumada a la ampliación de la cobertura previsional y a otras medidas inclusivas- genera además un efecto de estimulación de las demandas locales y, con ello de la sustentabilidad del crecimiento argentino, ya que lógicamente la población beneficiaria destina la totalidad de lo que percibe al consumo en las zonas en que vive. Y para terminar, el impacto generado por la AUH sobre el presentismo escolar, el aumento de la matrícula, la tasa de retención y la disminución de la repitencia coadyuvan a mejorar la inserción futura de estos más de tres millones y medio de niños. En este sentido, la articulación de la política de ingresos con la dimensión educativa es otro aspecto que refleja una decisión de fondo en la construcción de un país para todos.
(*) Vicedecano de la Facultad de Economía de la UNCo.