La jueza rechazó el pedido de desalojo de la última toma

Se trata de un predio ubicado detrás del barrio Anai Mapu, que fue ocupado y se consolida.

La jueza Laura González Vitale no autorizó el desalojo forzoso de la toma Barrio Nuevo, la última que se forjó durante la gestión de Aníbal Tortoriello en cercanías al Anai Mapu y que, a diferencia de otras, es masiva y va camino a la consolidación. Lo pidió ayer la Fiscalía, pero la magistrada no hizo lugar porque no están dadas todas las condiciones.

Dijo que le "hace ruido" el derecho invocado por la familia propietaria, que le resulta inverosímil en esta instancia judicial, por cuanto estas tierras pueden ser expropiadas por el Estado municipal. "No digo que no tengan derechos, que no sean herederos, pero se habla de un trámite municipal de expropiación", sostuvo.

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Ni siquiera, advirtió, se sabe cuántas son las familias que residen en el lugar, cuántos niños hay, para solicitar una medida extrema como lo es el desalojo.

En su lugar, ordenó la apertura de una instancia de mediación, como solución alternativa del conflicto. "Estamos para afianzar la Justicia y pacificar la sociedad", sostuvo. Y agregó: "Siempre ofrezco esta instancia".

Por parte de la Fiscalía, Matías Stiep no se opuso, pero dejó por sentado en la audiencia que ya hubo otros intentos de conciliación que fracasaron. Por eso, pidió el desalojo. La defensa (particular) solicitó la mediación.

"Ya intentamos hablar, y si la gente sigue en la posición de reclamar todo y no ceder nada, como ocurrió hasta ahora, va a fracasar la mediación", expresó el fiscal.

Gonzalez Vitale aclaró que, si bien no está dispuesta a avanzar con una medida tan gravosa como el desalojo, tampoco quiere dilatar el conflicto. "No quiero que nos llegue la feria y esto nos encuentre el año que viene, de modo que voy a tratar de sopesar los intereses de todos. Voy a fijar otra audiencia, para el 27 de diciembre, en pos de que esto se solucione antes de que termine el año", sostuvo.

Ordenó que los empleados municipales de Acción Social puedan ingresar a la toma para hacer un censo, tarea que no fue posible hacer hasta el momento porque la gente de la ocupación lo impedía. El informe será clave para determinar cuántas familias forman parte del asentamiento y quiénes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Pidió además que se convoque al personal del gobierno municipal para que informe acerca del estado de expropiación de estos terrenos.

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