Hay una sola forma de dar vuelta la página de la última dictadura militar: poner en el banquillo a los militares, policías y civiles que convirtieron a las instituciones del Estado en instituciones del terror.
Según la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, entre 2006 y 2015, de 613 personas sentenciadas en procesos por crímenes de lesa humanidad, 563 fueron condenadas. Hay más de 120 causas próximas a juicio. Todavía quedan 900 procesados que aún no fueron condenados. El paso del tiempo sin juicios provocó que muchas víctimas sobrevivientes y familiares murieran sin ser testigos de que se hiciera justicia por lo que tuvieron que sufrir. “Justicia tardía antes que injusticia eterna”, como dijo el ex secretario de Derechos Humanos de Nación, Eduardo Luis Duhalde.
Hace una semana, abogados querellantes y organismos de derechos humanos de Neuquén recibieron con satisfacción el fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal que ordenó a los jueces volver a emitir condenas más altas y dar marcha atrás con algunas absoluciones dictadas por el Tribunal Oral Federal a ex jefes militares, agentes de Inteligencia y policías en el segundo juicio realizado en 2012. Esta revisión es considerada un significativo avance en la lucha por la verdad, la memoria y la justicia porque reconoce la veracidad de los testimonios de las víctimas que declararon los secuestros y las torturas y que, por las penas impuestas, no fueron considerados por aquel tribunal. Aumentar las penas significa poner atención en la gravedad de estos crímenes considerados delitos contra la humanidad. Solicitar elevar las condenas por parte de la Cámara de Casación es, de alguna manera, fundamental para consolidar el principio de justicia.