Hace una semana fue un oscuro día de justicia para la sociedad argentina, parafraseando el título de un cuento de Rodolfo Walsh. Tres jueces de la Corte Suprema fallaron (nunca mejor dichos esta palabra y su significado) en beneficio de la impunidad para que quienes cometieron los más aberrantes delitos contra la humanidad pudieran aprovechar la rebaja de sus condenas, quedar libres y volver a sus casas. “Basurean la memoria de nuestros hijos”, dijo indignada Taty Almeida, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, contra los jueces de la Corte. Un fallo que hizo recordar a los indultos de los años 90 y apuntó a desjerarquizar el proceso de memoria, verdad y justicia que comenzó en 2003 y llevó a reiniciar los juicios contra los represores y a condenarlos.
Hay una sociedad dispuesta a defender los logros alcanzados en materia de enjuiciar a los represores.
Tras el repudio generalizado a esa “inmundicia” moral y jurídica del fallo -como lo definiera el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat-, ayer el Senado aprobó por unanimidad y convirtió en ley la norma que prohíbe la aplicación de la ley del 2x1 a los condenados por delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra.
Las movilizaciones que se replicaron ayer en todo el país demostraron que hay una sociedad dispuesta a defender los logros alcanzados en materia de enjuiciamiento contra los que detuvieron, torturaron, asesinaron, violaron a mujeres y hombres, robaron bebés, arrojaron cuerpos al río y nunca expresaron arrepentimiento alguno.
Este apoyo de todo el arco político también hubiera sido necesario cuando los juicios se demoraron, cuando se condenaron con penas muy bajas y absoluciones como ocurrió en los juicios realizados en Neuquén.