El puente entre Cipolletti y Neuquén es un nodo clave y los gremios lo saben. Quizás poco pueda hacer el magistrado ante la carencia de fuerzas federales para poder ejecutar una orden de desalojo. Pero ni siquiera hubo una intimación a cesar en la conducta gravosa.
Como en otros cortes en ese lugar, el ciudadano termina siendo víctima de una coerción impropia de la democracia. Con prepotencia, se amenaza a cientos que se ven obligados a caminar bajo el sol, el viento o la lluvia; o tomar desvíos de kilómetros, mientras ellos se guarnecen bajo las casetas del ex peaje. La gente solo quiere llegar a trabajar o volver a su hogar. La Policía provincial podría actuar motu proprio para hacer cesar un delito, pero corre el riesgo de transformar en víctima a los victimarios. Nadie se anima a mover un dedo para evitar judicializar la protesta y, avispados, los reclamantes aprovechan y además hacen política partidaria.
