Los diputados de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura provincial entrevistarán hoy a la abogada Mónica Pizzipaulo, quien se postula para el cargo de fiscal de Zapala tras haber pasado por la misma instancia hace dos años, cuando se presentó para desempeñarse en el Juzgado Correccional de esa ciudad, siendo rechazada por criticar los juicios contra los militares por su accionar durante la última dictadura militar.
Cuando esta abogada, nacida en Corrientes un año después del golpe de Estado e hija de un militar, fue consultada sobre los juicios, sin titubear afirmó: “Los militares no tienen garantizados los mismos derechos que los ciudadanos comunes en esos juicios”. La frase generó el repudio desde distintos sectores de la sociedad.
La experiencia argentina en derechos humanos –que no le pertenece a ningún gobierno– es reconocida internacionalmente por el grado de respeto a los derechos del imputado, en relación con los numerosos procesos que se han dado en el mundo.
Los juicios, que con muchos años de atraso (lo que permitió que algunos imputados no sean juzgados) se están llevando a cabo en todo el país, forman parte de una memoria esencial y no parcial; una memoria que puso blanco sobre negro en lo que fue la represión ilegal en la Argentina.
No se pueden poner en el mismo nivel el accionar de un grupo de ciudadanos y el de un Estado que provocó asesinatos, desapariciones, robos de bebés, entre otros delitos que deben ser y son juzgados.
Quienes no tuvieron garantizados sus derechos fueron las víctimas, y mucho menos los desaparecidos. Los acusados tienen un juicio oral y público, pueden defenderse de las acusaciones y recurrir la sentencia si es condenatoria.