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La Mañana educación

Le niegan a los presos el acceso a la educación superior

El reclamo llegó a la Justicia. Hay una demanda histórica para que el CPE blanqueé el Nivel Superior que funciona desde hace 14 años dentro de las cárceles.

Un tercio de la población penal está en condiciones de estudiar en un terciario o universidad, pero no se los permiten porque no hay suficiente personal penitenciario para semejante demanda. Es decir, le están negado derecho, lisa y llanamente.

A todo esto, los docentes que trabajan en las cárceles, en educación superior, aguardan desde hace 14 años que el Consejo Provincial de Educación (CPE) los regularice.

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Sobre ambas temáticas se presentaron notas esta semana y ya está al tanto CPE, Justicia y el gabinete del Ejecutivo provincial.

Negar derecho

La educación superior en contexto de encierro existe en Neuquén desde 2008, pero en los papeles, el CPE todavía no lo institucionaliza, ignorando y ninguneando las labores que realizan los docentes y coordinadores del nivel superior que en total son siete para toda la provincia.

En paralelo, hay un informe muy detallado sobre la negación de derechos a los internos que están en condiciones de iniciar sus estudios superiores.

De dicho informe está al tanto el CPE, Policía y Justicia, entre ellos, Vanina Merlo actual titular del Ministerio Público de la Defensa, que hoy debe velar por los derechos y garantías de las personas detenidas, pero que hasta el año pasado siendo Ministra de Seguridad de la Provincia poco y nada hizo en ese sentido.

En la provincia, son 209 personas privadas de la libertad que está en condiciones de iniciar sus estudios superiores. El 57 por ciento, en los próximos 10 años quedara en libertad, por lo que permitir que estudien es favorecer una re vinculación con la sociedad y una salida laboral a futuro.

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Los coordinadores del nivel superior en contexto de encierro, han solicitado que se facilite el acceso a conectividad que les permita ingresar en plataformas de estudios a distancia, esto debido a que al personal penitenciario le resulta imposible poder trasladar y custodiar a los internos cuando asisten de manera presencial a distintas unidades académicas.

En el informe queda a la vista que en la U11, la cárcel más grande de Neuquén, solo tienen garantizado su derecho tres personas.

No se puede olvidar, que negar derechos es una forma de ejercer violencia.

Sobre estas emergencias, tanto de los internos como de los docentes del nivel superior, ya la jefatura de gabinete del ejecutivo provincial está al tanto y quedó en agilizar algunas respuestas. ¡Cosas veredes!

Por su parte, hubo gestiones que se realizaron desde la Justicia con Calf y se le está dando forma a una serie de capacitaciones en oficios que se van a dictar dentro de la U11 que tienen una superpoblación de 70 presos producto de la falta de ampliaciones tras la entrega de Senillosa.

La jueza de ejecución penal Raquel Gass observa de cerca la cantidad de detenidos de la U11, ya que en cualquier momento podría clausurar el ingreso de más personas a la unidad.

Es que mientras más superpoblación hay en las unidades de detención, más posibilidad de conflicto y motín existe. Y con las dos últimas muertes en los buzones del pabellón seis, la tensión se hace sentir en el ambiente.

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Mantenimiento, ampliaciones, educación y salud

LMNeuquén ya develó que hubo reuniones entre miembros de la Secretaría de Seguridad, Jefatura y Justicia. Los ejes de esos encuentros fueron tres: el mantenimiento general de todas las unidades de detención de la provincia, lo que significa regularizar servicios básicos como agua, gas, cloacas, luz y condiciones de higiene.

El otro punto tiene que ver con el colapso carcelario, es decir, la necesidad de garantizar la ampliación de las unidades de detención de Neuquén, Cutral Co y Zapala construyendo un pabellón de máxima seguridad por localidad.

Estos pabellones con capacidad para 20 o 26 internos, ayudaría a descomprimir la crítica situación que atraviesa la provincia. Recordemos que en el interior la jueza Alicia Rodríguez cerró en una oportunidad tres unidades de detención por las condiciones de hacinamiento.

El desarrollo de infraestructura urge por estas horas.

El tercer punto clave tiene que ver con regularizar las actividades del Cepi, talleres, oficios, salud y salud mental. Porque la superpoblación le fue comiendo espacio a estas áreas dentro de los penales y así las aulas se terminaron convirtiendo en celdas.

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Este es un punto en el que está sumamente interesado el Poder Judicial por lo que tiene la lupa puesta encima.

De hecho, en Neuquén colaboraron para que el pabellón 10 de la U11 recupere la biblioteca. La Justicia se encargó de gestionar con distintas entidades donaciones como mesas, sillas, estanterías y computadoras que ya son parte de la renovada imagen de la biblioteca Trabum Mapu.

Son muy conscientes, en determinadas áreas de la Justicia, que darles posibilidades de aprendizaje a los internos no solo genera expectativas laborales a futuro sino que los saca del estado ocioso permanente que suele derivar en irritabilidad y conflictos, más aún en situaciones de hacinamiento.

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