Sin ponerse colorados, los actuales diputados neuquinos admiten que también son partícipes necesarios, al igual que quienes los antecedieron en otros períodos, de la demora en poner en marcha cinco institutos para el ejercicio de la democracia semidirecta creados durante la reforma constitucional de 2006.
Se trata de la consulta popular vinculante y la no vinculante, la iniciativa popular, la audiencia pública y la revocatoria de mandatos. Cada una de estas herramientas tiene el objetivo de ampliar la participación de la gente en temas que la afectan directamente.
El año que está llegando a su fin no fue la excepción. Así es que la década de demora en cumplir con la manda constitucional adquiere todavía más relieve, especialmente después de tantos discursos demagógicos que se suelen escuchar durante las campañas relacionados con promesas de ocuparse de los temas de la gente.
Se sabe que los políticos, especialmente los que tienen la responsabilidad de ejercer como oficialistas, son ariscos a la hora de resignar espacios en los que se les puede objetar políticas públicas. Eso explica también que entre los temas en deuda se encuentre la puesta en marcha la Defensoría del Pueblo provincial. Se ha demostrado, tanto en Neuquén capital como en el puñado de localidades donde existe, que este estamento si es bien gestionado resulta ser es un instrumento más que necesario para la gente cuando se abusa de sus derechos desde el sector público o del privado.
Los legisladores tienen que entender que cada uno de ellos tiene que rendir cuentas por lo que hace. Pero también por lo que deja de hacer.
Hace 10 años que cinco institutos para el ejercicio de la democracia semidirecta están cajoneados.