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Las tarifas no se van a aumentar y vamos a terminar con la dolarización de las mismas”, fue la frase que dijo Alberto Fernández, presidente de la Nación, al periodista Reynado Sietecase en su programa de Telefe. Y agregó: “Nos vamos a tomar hasta el 30 de junio, tiempo en el que vamos a redeterminar el sentido de las tarifas”. La declaración no es otra cosa que el comienzo de un estado de emergencia, que tuvo como alarma un índice de pobreza del 40,8%, con una sociedad que en su mayoría tiene grandes inconvenientes para llegar con el dinero a fin de mes y con un consumo interno planchado por la falta de circulante. La adecuación de las tarifas durante el gobierno de Mauricio Macri, que en algunos casos llegó a una suba del 3000%, parece haber llegado a su fin por el peso propio de la imposibilidad de pagarlas. Atrás quedó el discurso de la eficiencia, de la recesión del déficit energético y de las loas incluso de muchos gobernadores que tuvieron que censurarse para continuar con una buena relación con el Estado nacional. Pero estamos en otra época. La era de Alberto parece haber borrado las culpas de un pasado reciente, y ahora todos se aprestan a darle el apoyo irrestricto (salvo el PRO) en el Congreso Nacional para votar una ley de emergencia económica y avalar los decretos de necesidad y urgencia (DNU) para cubrir las necesidades con un bono de 5000 pesos de los más vulnerables, como los jubilados, y de 2000 pesos para la Asignación Universal por Hijo (AUH). El hambre toca la puerta de muchos y es real. De nada sirve ya sacar el manual del liberalismo clásico. A nadie le importa el déficit primario, ni las discusiones técnicas de una macroeconomía que intentó exhibir como logros el desierto real de sus fracasos.