Por ALFREDO ENRIQUE
Más allá de cómo termine el conflicto educativo en Neuquén, el resultado es previsible: no tendrá ganadores.
Este año los mismos actores del diferendo -ATEN y el Gobierno- parecen repetir un idéntico libreto de 2013, ocasión en la que las huelgas escalonadas privaron de 30 días de clases a los alumnos de las escuelas públicas.
Pese a conseguir la paralización de la educación por un mes, el sindicato docente no consiguió lo que reclamaba y se tuvo que conformar con aceptar lo que el Gobierno resolvió darle: menos de lo que pedía.
Frecuentemente las autoridades educativas suelen hablar de “readecuación de contenidos” para asegurar que los objetivos pedagógicos no corren ningún riesgo como consecuencia de los paros. De dudosa efectividad, la reformulación de los programas abreviando pasos en el proceso enseñanza-aprendizaje no suelen beneficiar a los alumnos.
Los costos de estos tipos de conflictos se visualizan con bastante claridad cuando los niños de la primaria promocionan a la secundaria, o cuando desde el Nivel Medio pasan al superior o a la universidad.
Es evidente que la estrategia que utilizó el sindicato docente el año pasado no resultó beneficiosa para conseguir los reclamos. Tampoco desde el Gobierno se sinceró una discusión real respecto de los alcances de un reajuste salarial con una pauta razonable que le permita anticiparse a la crisis.
Neuquén tiene un problema crónico de conflictividad en la educación pública que se repite a sí mismo con una preocupante recurrencia. Sería hora que las mismas diferencias comiencen a dirimirse pensando en la magnitud que estos daños provocan, especialmente entre los más vulnerables.