Los acusaron de secuestro, privación ilegal de la libertad, tormentos y de ser miembros de una asociación ilícita.
Ayer, pocos minutos después de las 9, comenzó el juicio oral y público a ocho militares del Ejército Argentino que a partir del 24 de marzo de 1976 asolaron impunemente la región del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Estaban a cargo del aparato represivo ilegal, montado y protegido en el auto-denominado “Proceso de Reorganización Nacional”, y se desplegaron en la región de manera encubierta, en el amplio marco de contención de la Subzona 52, que tenía su centro de operaciones en la Sexta Brigada de Montaña de Neuquén
Las audiencias de debate previstas hasta el mes de octubre próximo serán conducidas por el Tribunal integrado por los magistrados Eugenio Krom, Orlando Coscia y Oscar Albrieu. El Ministerio Fiscal estará integrado por Manuel de Reyes Balboa y Marcelo Grosso.
Los militares, amparados por el abuso del poder, operaban en forma clandestina. Siempre en grupos de cinco individuos, detenían ilegalmente a hombres y mujeres. Los sometían a terribles tormentos, los golpeaban con ensañamiento, abusaban sexualmente de las mujeres, a quienes les tapaban los ojos, las esposaban y las tocaban. También allanaban sus viviendas que, en algunos casos, resultaban saqueadas, procedimientos que contaban con el apoyo de efectivos policiales de ambas provincias.
Los imputados son el teniente coronel Oscar Lorenzo Reinhold, quien se desempeñaba como jefe de la división Inteligencia del Comando de la Subzona 52; el mayor Luis Alberto Farías Barrera, quien actuaba como jefe de la División Personal del mismo Comando y el general (re) Enrique Braulio Olea, responsable de la jefatura del Batallón de Ingenieros 181 y del Área Militar 521.
Alberto Gómez Arenas era el jefe de Inteligencia 182 de Neuquén, individuo que ordenaba y controlaba distintas actividades represivas ejecutadas por los oficiales Jorge Eduardo Molina Ezcurra, Sergio Adolfo San Martín y por el médico Hilarión de la Pas Sosa.
Este último se desempeñaba como jefe de Sanidad del Comando y se habría probado también que prestaba servicios en el centro clandestino La Escuelita.
En cuanto al suboficial Julio Francisco Oviedo, se sabe que tenía la misión de controlar la sección de contrainteligencia del Destacamento 182.
Los jefes castrenses interrogaron y torturaron a numerosos militantes políticos, dirigentes sindicales y vecinales en el centro clandestino conocido como La Escuelita, edificio construido al sudeste del terreno donde aún funciona el Batallón de Construcciones 181, a la vera de la Ruta Nacional 22.
Todos ellos fueron procesados por el Juez Federal de Neuquén, Guillermo Labate, de los delitos de lesa humanidad, de asociación ilícita en concurso real con quince hechos y de privación ilegítima de la libertad agravada. También los incriminó como penalmente responsables de la aplicación de tormentos psíquicos y físicos agravados por ser perseguidos políticos, allanamiento ilegal y robo.
Además, los incriminó por la desaparición forzada de una de las víctimas, en este caso del joven Oscar Ragni, de 21, secuestrado en los últimos días del mes de diciembre de 1976. El joven que estudiaba en la Universidad de la Plata, desde ese momento se encuentra desaparecido. Los jefes militares, varios de ellos imputados, siempre negaron su detención y lugar de cautiverio.
En el auto de elevación a juicio, Labate sostuvo que los graves delitos obedecieron a un procedimiento metódico y delictivo que se ejecutó en el todo el país a partir del 24 de marzo de 1976 y que se prolongó hasta 1983.
