{# #} {# #}
Hace una década se debatía el embate a la privacidad producto de la instalación de cámaras de seguridad en el espacio público de todo el país. En Europa y EE.UU. el debate ya había decaído, pero en Argentina la polémica crecía de la mano de argumentos válidos y negocios non sanctos.
En esos años, la discusión radicaba en que los movimientos de los ciudadanos por la vía pública quedarían registrados y nuestro derecho a la privacidad se vería avasallado.
Lo cierto es que los gobiernos provinciales y municipales avanzaron con la instalación de cámaras a modo de prevención del delito, aspecto que todavía se discute debido a que los delincuentes adecuaron su forma de actuar, con capucha y gorra, para que sus rostros no sean registrados, y los robos continúan.
Por otro lado, los comercios avanzaron con distintas medidas de seguridad, entre ellas alarmas y cámaras. El efecto contagio llegó a los particulares, que en sus viviendas, además de paredones, rejas, concertinas y alarmas, agregaron cámaras de seguridad.
El objetivo de todas estas medidas es la disuasión del delito ante un Estado que no puede dar respuestas frente a esta problemática.
Lo cierto es que hoy, a la distancia, vemos a las cámaras de seguridad como algo cuasi natural y, de hecho, en criminología se las denomina “testigos mudos”.
Estos testigos mudos han colaborado para esclarecer casos importantes como crímenes, femicidios y robos.
De no ser por las cámaras, los fiscales e investigadores tardarían mucho más en buscar elementos para tratar de identificar a posibles autores. Cosas veredes.