Por PAULA BISTAGNINO
"Veinticinco cuerpos mutilados afloraron entre marzo y octubre de 1976 en las costas uruguayas, pequeña parte quizás del cargamento de torturados hasta la muerte en la Escuela de Mecánica de la Armada (...) Un verdadero cementerio lacustre descubrió en agosto de 1976 un vecino que buceaba en el lago San Roque de Córdoba (...) Treinta y cuatro cadáveres en Buenos Aires entre el 3 y el 9 de abril de 1976, ocho en San Telmo el 4 de julio, diez en el río Luján el 9 de octubre (...). En esos enunciados se agota la ficción de bandas de derecha, presuntas herederas de las 3 A de López Rega, capaces de atravesar la mayor guarnición del país en camiones militares, de alfombrar de muertos el Río de la Plata o de arrojar prisioneros al mar desde los transportes de la Primera Brigada Aérea, sin que se enteren el general Videla, el almirante Massera o el brigadier Agosti...".
El 24 de marzo de 1977, un año después del golpe militar, el periodista y escritor Rodolfo Walsh denunció con estas palabras que una de las metodología que se usaban para eliminar a los desaparecidos era arrojarlos al mar desde el aire. Recién hoy, 35 años después de aquella reveladora Carta abierta a la Junta Militar y ocho después de que se anularon las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, los llamados “vuelos de la muerte” están siendo juzgados por primera vez. “Era una gran contradicción que todavía no hubiéramos podido llevar a la justicia a los responsables de este delito, que fue el principal método de exterminio que usó la dictadura”, dice Pablo Llonto, periodista, abogado de familiares de desaparecidos y víctimas del Terrorismo de Estado y querellante en el proceso oral que la semana pasada comenzó en Comodoro Py. Se trata del tercer juicio sobre lo ocurrido en la ESMA, pero es el primero en el que hay acusados de este delito en el banquillo. En total son ocho: los ex aviadores navales Emir Sisul Hess y Julio Poch –detenido en España cuando volaba para una compañía de Holanda, país en el que vivía, y extraditado en 2010-; los prefectos retirados Enrique José De Saint y Georges Mario Daniel Arru -ambos ex pilotos de Aerolíneas Argentinas-, y el prefecto jubilado Alejandro D’Agostino; el ex suboficial naval y mecánico motorista Rubén Ricardo Ormello –también ex empleado de Aerolíneas-; y el capitán Carlos Daviou y el civil Gonzalo Torres de Tolosa, ambos señalados como participantes de los vuelos. “No son todos, y no están las cúpulas, que es lo que estamos pidiendo. Pero esto marca un antes y un después en la corta pero intensa historia del juzgamiento de los crímenes cometidos durante la dictadura militar”, señala Llonto.
Además de la Carta de Rodolfo Walsh, hace 17 años el ex capitán Adolfo Scilingo -preso en España y condenado a 1.084 años de prisión- confesó públicamente cómo eran y quiénes participaban de los vuelos de la muerte. ¿Por qué se tardó tanto en juzgar este delito?
Porque se ha priorizado la urgencia de ir contra los integrantes de los Grupos de Tarea y patotas que secuestraban, los responsables de los centros clandestinos y de las torturas. Entonces, los jueces de alguna manera actuaron siguiendo esa urgencia y recién ahora se están empezando a atender las otras cuestiones; que son muchas: los vuelos, la participación civil, las comisarías, los funcionarios de la dictadura... Es tanto lo que hay para investigar y juzgar, y es tan lento el proceso, que lamentablemente vamos de a poco. Pero al menos hemos empezado.
¿Todas las fuerzas tuvieron vuelos de la muerte?
Todas. Por un lado, están los vuelos de la Marina y la Prefectura, que son los que tuvieron como víctimas mayoritariamente los secuestrados de la ESMA y que son los que se están haciendo ahora. Pero también están los vuelos del Batallón de Aviación 601 de Campo de Mayo, que eran los secuestrados del Ejército, en cuya investigación se está avanzando; y los de la Brigada Aérea del Palomar, que ahí había una combinación de accionar de la Fuerza Aérea y del Ejército. Esta tercera es donde menos claridad hay todavía y donde falta avanzar fuertemente contra los responsables.
¿Con qué pruebas lega al banquillo cada uno de los ocho acusados?
Todos fueron señalados. Si bien ninguno admitió ante la justicia su participación, tres de ellos lo confesaron en algún momento. Por ejemplo, el mecánico Ormello lo admitió con compañeros de trabajo en los ’80; el piloto Hess, según declaró un viejo empleado, se jactaba de que las víctimas “caían como hormiguitas” desde el vacío; lo mismo Poch, que reivindicó haber tirado al mar a “terroristas de izquierda”. En cambio, los ex pilotos De Saint George, Arru y D’Agostino, fueron identificados e imputados en 2011 a partir de una investigación de la Procuración General de la Nación, que analizó planillas de vuelo de la Prefectura y comprobó que estaban en el vuelo del Skyvan en el que habían sido “trasladadas” las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet y la fundadora e integrantes de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor de Devicenti, Esther Ballestrino de Careaga, María Ponce de Bianco y Ángela Aguad; secuestradas en la iglesia de la Santa Cruz en diciembre de 1977.
Hay un civil entre los ocho detenidos: el abogado Torres de Tolosa, quien fuera defensor de varios represores de la ESMA durante años. ¿Cómo se lo identificó a él y qué participación tuvo?
Lo identificó Scilingo, igual que al mecánico Ormello. En su declaración, dijo que los dos participaban de los vuelos. Torres de Tolosa es un amigo cercano de Jorge “Tigre” Acosta, que fue uno de los responsables del centro de detención clandestino de la ESMA. Y, según dijo Scilingo, participaba “de manera voluntaria” en los vuelos (Nota de la R.: lo identificó como el “único civil” y señaló que le “alcanzaba” a los detenidos adormecidos para arrojarlos al vacío)-. Además, hay testimonios de víctimas que lo ubican en la ESMA presenciando torturas... Queda definir cuál era el rol que tenía. Creemos que pudo haber cumplido un papel en las patotas de secuestro y en el servicio de inteligencia. Era como un mercenario que se ofrecía para lo que lo necesitaran.
Además de Scilingo, ¿no ha habido ningún otro confeso “arrepentido”?
No. Estos que menciono como que en algún momento admitieron haber participado, siempre lo hicieron en tono de jactancia y reivindicación, sin remordimientos de ninguna clase.
¿En qué situación procesal llegan a juicio?
Lamentablemente, como en cada juicio, muchos llegan libres. Porque los jueces han entendido que, por su salud o edad, les corresponde prisión domiciliaria u hospitalaria, o que merecen el beneficio de la excarcelación; entonces, lamentablemente, tenemos este abanico de situaciones que permiten que los asesinos caminen entre nosotros. Nos pasó el día de la nube tóxica en Retiro: hubo que desalojar Comodoro Py y en la puerta estaba, al lado de las víctimas, Carlos Galián, que actuaba en la ESMA con el seudónimo de “Pedro Bolita” y está acusado de más de 600 delitos de lesa humanidad (N. De la R.: el juicio ESMA III no se limita a los vuelos; tiene a 68 represores acusados e incluye casi 800 delitos). Esta situación es de las tantas que todavía hay que ir corrigiendo. Es necesario que los jueces entiendan que hay riesgos de fuga, de suicidio... Hace pocos días se suicidó un represor, Carlos Aldo Cecchi, dos días antes de que empezara el juicio por La Perla en Córdoba. O también este año, se fugó de su casa en Mar del Plata, Juan Miguel Wolk, el jefe de “El pozo de Banfield”. Esto no puede pasar. Por eso pedimos que estén presos, pero además, que estén presos en cárceles comunes.
En este juicio, el primero por los vuelos, son todos “ejecutores”. ¿Qué pasa con quienes daban las órdenes?
Eso es lo estamos pidiendo: que todas las conducciones de todas las aviaciones estén imputadas. Es tan evidente, y de hecho los fallos razonan así, que en una estructura piramidal como es la estructura militar, todo lo que ocurre abajo es comunicado, avalado y ordenado por un superior. Eso, que es siempre así, se multiplica en el tema de los vuelos, por la logística y la cantidad de gente que implicaban. Es imposible que el jefe de la aviación no sepa que seis o diez aviones suyos mensualmente estaban saliendo para tirar gente.
¿Se puede decir, como con el robo de bebés, que era un plan sistemático de exterminio?
Sin duda. Los vuelos de la muerte fueron una modalidad sistemática de exterminio que necesariamente bajó desde la Junta Militar a las Comandancias en Jefe de cada fuerza; después a los Estados Mayores y de ahí a cada destacamento o a cada batallón. Por eso pedimos que las conducciones sean imputadas. Todos, del primero al último, en esa escala jerárquica piramidal, deben ser juzgados por esto. Acá lamentablemente estamos haciendo al revés. Es imposible hacer una cuenta de cuántas personas fueron asesinadas así, pero probablemente la mayoría. Si pensamos que son menos de mil las víctimas identificadas, y que del resto no hay señales de que puedan estar en cementerios o fosas comunes, hay que darse cuenta de que son miles y miles.
Este proceso de juzgar a los responsables de la dictadura parecía imposible hace unos años, ¿qué es lo que falta hoy para que se pueda llegar a juzgar la mayor cantidad de delitos?
Celeridad, mucha celeridad de la justicia. Que los jueces piensen y procedan de la mejor manera posible para resolver cómo llegar a estos juicios de la forma más parecida a lo que está pasando con la causa ESMA. Es decir, que se pueda unir en un juicio a la mayor cantidad de víctimas y de represores. Porque acá hay que juzgar a una base de, calculamos, diez mil represores y 30, 40 o 50 mil víctimas. Y eso no está en ningún manual ni en ningún código de procedimiento, porque esto es nuevo: en Argentina y en el mundo, nunca se juzgó así. Entonces, es un juicio enorme que no se puede hacer todo junto pero tampoco de a uno. Si logramos que se produzcan juicios como este, podemos esperar que en diez años se pueda avanzar mucho. Si no, se va a cumplir el diagnóstico del juez de La Plata, Carlos Rosansky, que hace varios años dijo que así como venimos, vamos a cien años de juicio. Y los tipos se van muriendo sin condena. Tenemos que hacer todo lo posible para que eso no pase.