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La Mañana Justicia

Matapolicía libre por error: ¿se eliminó documentación?

La Auditoría General realizará pericias al legajo electrónico porque hay sospechas. La familia de Garro se reunirá con el presidente del TSJ y quieren que les garanticen que la Justicia no va a dejar el tema en la nada.

La expulsión del país, por “error”, del chileno Héctor Hernán Ruiz Herrera, condenado a perpetua por el crimen del subcomisario post mortem Víctor Garro, ha dejado a la justicia neuquina en un punto de quiebre.

La familia de Garro, ha solicitado una reunión con el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Evaldo Moya, que los atenderá en la semana. Los Garro pretenden que se les garantice que el “error” no va a quedar en la nada y se tomarán medidas.

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Para entender. Hace un mes LMN develó que a Ruiz Herrera, el 25 de junio de 2021, lo habían extrañado del país sin haber cumplido la mitad de condena que establece la Ley 24.660 para este tipo de trámite. A la semana, estaban librando el pedido de captura internacional y en la actualidad Interpol lo busca en código rojo.

De acuerdo al cómputo de pena, recién en 2029 podría haber accedido a dicho beneficio. Teniendo en cuenta que el chileno Ruiz Herrera asesinó a Garro el 5 de octubre de 2014 en Añelo, solo estuvo tras las rejas siete años.

De la liberación, los Garro se enteraron por el diario así como también el abogado querellante Gustavo Lucero. Nadie les notificó de nada siendo que estaban obligados a hacerlo.

Lucero junto con la familia resolvieron presentar una nota y el TSJ sacó un decreto, un par de días después de conocerse la noticia, para que la Auditoría General determine las responsabilidades del caso.

Lo que está claro es que quien realizó mal el dictamen, fue el asistente letrado de la fiscalía Carlos Caroselli, que al mes siguiente inició el trámite de retiro y en la actualidad cobra mas de 300 mil pesos de jubilación.

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Ahora, lo que evalúa la Auditoría General es el nivel de responsabilidades. Es decir, quién controlaba el trabajo de Caroselli y qué responsabilidad tiene la jueza de ejecución penal Raquel Gass que fue quien terminó autorizando el extrañamiento.

A su vez, la Auditoría General ordenó una pericia informática para revisar el legajo electrónico, porque existe la sospecha de que se borró información.

Por su parte, el querellante de la familia Garro acudió a la citación de la Auditoría General donde no solo ratificó el escrito presentado sino que además le tomaron una extensa declaración testimonial.

La Justicia neuquina ha visto resentir su eficacia y calidad de manera drásticamente, sin mencionar el mal momento que les están haciendo atravesar a la familia del policía neuquino asesinado en cumplimiento del deber, por lo que la forma en que vayan a salir de este entuerto será sumamente interesante de observar.

La fiscalía, que ya mantuvo una reunión con los Garro, está agilizando la coordinación con las fuerzas de seguridad de Chile e Interpol en procura de la pronta captura de Ruiz Herrera.

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