A vos te pago el sueldo yo. Esa es una frase que se le suele decir a alguien que trabaja en un medio de comunicación público. Una frase remanida que adquirió fuerza esta semana a partir de la polémica que instaló Jorge Lanata al denunciar a Víctor Hugo Morales. La enunciación, relativamente cierta, esconde, sin embargo, la otra arista de la historia: la relación entre los recursos estatales y los medios privados.
Estos últimos no solo recibieron y reciben fondos públicos a través de enormes pautas publicitarias, sino que, en algunos casos, el origen de ese dinero es producto, incluso, de una estafa al propio Estado. Desde 1994 y hasta su estatización, por el sistema de AFJP, el Estado argentino dejó de recaudar 75.353 millones de dólares.
¿Quiénes fueron los principales avisadores de los grandes medios privados de comunicación durante los ‘90? Las AFJP, las mismas que estafaron al Estado y a los jubilados. Otros grandes anunciantes por esos tiempos, y aún hoy, eran las empresas privatizadas de servicios durante el menemismo que se quedaron con esas compañías a cambio de papeles de deuda pública. Una nueva estafa al Estado.
Tiempo atrás, el crecimiento privado de grandes grupos mediáticos se dio, por ejemplo, durante la dictadura militar. En noviembre de 1976 y bajo tortura, la familia Graiver debió vender a precio vil Papel Prensa, firma que después fue adquirida por los diarios Clarín, La Nación y La Razón, posibilitando a estos medios contar con el monopolio de su principal insumo. ¿Quién les habilitó este negociado? El Estado o, mejor dicho en ese caso, el terrorismo de Estado. Ni lo público es tan público, ni lo privado tan privado.