El dictamen del juez
Valentinuzzi dio por comprobado que “las decisiones de lo que se llevara a cabo en Río Tercero, eran tomadas por los funcionarios que tenían bajo su órbita el manejo de la Fábrica Militar”.
“Sin duda alguna, el grave suceso hubo de poner en movimiento la intrincada maquinaria estatal para producir dentro de la organización las adopción de órdenes, partiendo del vértice de esta estructura, con lo que me quiero referir, a quién detentaba la Presidencia de la Nación. Me refiero concretamente al imputado Carlos Saúl Menem”, apuntó.
Y agregó: “Al haber tomado estado público la presunta venta ilegal de armas (a Croacia y Ecuador) en el mes de marzo de 1995, se tornaba necesario ocultar el origen, las formas y los medios utilizados para llevar a cabo semejante maniobra ilegal, había que borrar las huellas, a cualquier costo para evitar el flujo de responsabilidades que ya se empezaban a avizorar”, señaló el juez .
