Miles que iban a trabajar, miles que iban a estudiar, miles que iban a realizar un trámite o compras. Miles y miles de perjudicados. La postal: una a la que ya nos estamos acostumbrando. Una veintena de personas quiere realizar un reclamo sectorial al Estado y toma de rehenes a la mayoría. Sí, rehenes, porque se los priva del derecho a transitar.
Impotencia, indignación, resignación y bronca es lo que transmiten las caras de quienes tienen que pasar caminando por el puente para subirse del otro lado a un colectivo o esperar a que alguien los vaya a buscar. Son las mismas de los que quedan encerrados en sus autos. Y si no son los 20 de ayer, son los 20 que hicieron el piquete el mes pasado o serán los 20 que lo harán la semana que viene. Y si no es allí, será en la Ruta 7, o en la 22 o en la 234.
El problema es que en este país cada vez que se hace hincapié en que cortar un camino es un delito y que los responsables deben pagar por estos hechos, se empieza a denunciar la famosa “criminalización de la protesta”. Ahora, sería interesante que estos “garantistas” se pregunten qué opina la gente. ¿Qué dice aquel que llegó tarde a trabajar? ¿Qué cree el papá que no pudo llevar en horario a su hijo a la escuela? ¿Qué piensa ese joven que no logró cursar? ¿Qué le genera al que tuvo que gastar 50 pesos más en combustible?
Y sería mucho más atractivo hacerles una última pregunta a todos los afectados: ¿Qué sienten cuando escuchan por la radio a Ernesto Urrutia, vocero de los empleados de CIPPA, hablar durante un buen rato sin poder dar una sola explicación lógica sobre los motivos del reclamo? Porque realmente, en los micrófonos de LU5, no se entendió para nada de qué se trataba la protesta.