El sábado por la tarde le dictaron seis meses de prisión preventiva a Diego Omar “el Bombo” Oyarzo, un joven de 22 años que se encontraba en libertad condicional y que ahora está acusado de ser el autor del homicidio de José Pereira, ocurrido el martes de la semana pasada cuando una bala perdida atravesó la puerta de su casa.
La familia Oyarzo siempre estuvo signada por la violencia. En agosto de 2013, su padre, José Segundo Oyarzo Lara, fue asesinado, y tanto la Justicia como la Policía vincularon el caso con los homicidios de Miguel Vilurón, asesinado el 16 de marzo, y con el de José “Tati” Morales, asesinado el 2 de junio, siempre del año 2013.
Lo sucedido con su padre llevó a Bombo a intentar liderar una de las bandas de malhechores que pululan por Confluencia. Entre el 2012 y el 2013 ya contaba con más de 12 causas en la Justicia, por lo que el año pasado esa lo condenaron a tres años de prisión. Ahora, la misma Justicia le dio la posibilidad de acogerse al régimen de libertad condicional, un pasaporte para regresar a los hechos delictivos y a una vida violenta.
El sábado fue capturado junto con su hermano Jonathan Oyarzo, de 19 años.
Sin duda, el problema de estos chicos fue la crianza que recibieron, seguramente en un medio tan violento como los son sus acciones habituales. La nueva ley podrá beneficiarlos con excarcelaciones, en un exceso de garantismo quizá mal entendido.
Pero está claro que esto no termina acá. Me atrevo a aventurar que si en breve no se realizan las tareas de contención por parte de todos los organismos del Estado que dicen combatir la violencia y buscan rehabilitar –lo cual es muy loable– a los delincuentes, la situación puede ser peor. Mucho peor.