La Comisión Especial declaró inadmisible el jury a Andrea Di Prinzio. Pero el Jurado de Enjuiciamiento tiene la última palabra.
El Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (SEJUN) expresó su repudio por la decisión adoptada por la Comisión Especial del Jurado de Enjuiciamiento, que resolvió declarar inadmisible el pedido de jury contra la jueza Andrea Di Prinzio.
Di Prinzio, titular del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de la IV Circunscripción Judicial de Neuquén, con sede en Junín de los Andes, fue denunciada por unos 20 trabajadores y trabajadoras víctimas de maltrato laboral sistemático.
Ahora, después de más de un año de denuncias, sumarios y expedientes acumulados, el destino de la magistrada se define en las próximas horas. La Comisión Especial del Jurado de Enjuiciamiento, integrada por Soledad Gennari, el diputado Ernesto Novoa, Manuel Fuertes (es el secretario) y Cristina Maset, habría dictaminado la inadmisibilidad del juicio político.
Aunque es el pleno del Jurado de Enjuiciamiento quien tiene la última palabra, según pudo conocer LM Neuquén, la decisión ya estaría tomada. "La decisión es definitiva. La comisión se basará en la ley 1565 artículo 18 inciso 1, que establece que la Comisión Especial procederá a archivar las actuaciones si la denuncia fuere infundada o inadmisible", indicaron fuentes consultadas.
Ante esta situación, el gremio de los judiciales expresó que "si bien no resulta vinculante, constituye un antecedente de extrema gravedad institucional, en tanto se adopta en una instancia preliminar del proceso y condiciona el tratamiento de una situación que involucra denuncias reiteradas de violencia laboral en el ámbito del Poder Judicial".
A través de un comunicado, Sejun recordó que la denuncia fue presentada a mediados del 2025, "en la que se puso en conocimiento un estado de situación sostenido en el tiempo, con múltiples testimonios que dan cuenta de prácticas de maltrato, hostigamiento y destrato hacia trabajadoras y trabajadores judiciales".
En este sentido, indicaron que "resulta inaceptable que, habiendo transcurrido un tiempo más que suficiente para analizar los hechos, la Comisión fundamente su decisión en una supuesta falta de precisión o de elementos para avanzar en la apertura del procedimiento".
En cambio, el sindicato negó la "ausencia de hechos" y subrayó la necesidad de "profundizar la investigación", tal como incluso reconoce la propia Comisión al sugerir la continuidad de las actuaciones en sede administrativa. "No estamos frente a un conflicto menor ni ante una diferencia de criterios funcionales, sino frente a una situación que ha afectado la salud, la dignidad y las condiciones laborales de compañeros y compañeras, sostenida en el tiempo y respaldada por múltiples relatos coincidentes", puntualizaron.
En este marco, señalaron que "declarar la inadmisibilidad en esta instancia no solo resulta prematuro, sino que además transmite un mensaje institucional profundamente preocupante: que la violencia laboral puede ser relativizada cuando no encaja en estándares formales que muchas veces resultan ajenos a la realidad cotidiana de quienes la padecen".
Según dieron a conocer, el lunes se reunieron en asamblea con los trabajadores de la IV Circunscripción Judicial, donde se informaron los alcances de esta resolución.
En tanto, este miércoles al mediodía se realizará una reunión virtual con el abogado sindical, Federico Egea, "a los fines de analizar los alcances de la resolución, evaluar los pasos a seguir y definir una estrategia sindical y jurídica integral". Por este motivo, se dispuso un retiro para todo el personal de dicha Circunscripción a partir de las 11, con el objetivo de garantizar su participación.
"Desde SEJuN reafirmamos que la violencia laboral no puede ser tolerada, encubierta ni relativizada dentro del Poder Judicial. La independencia judicial no puede ser utilizada como resguardo de prácticas autoritarias, la jerarquía no habilita el maltrato y ningún cargo puede estar por encima de la dignidad de las personas que trabajan", sumaron en el escrito.
Y reclamaron que "este proceso no puede cerrarse de espaldas a las víctimas, y que corresponde avanzar con todas las instancias necesarias para esclarecer los hechos y garantizar ámbitos laborales sanos, respetuosos y libres de violencia".