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En San Martín de los Andes denunciaron que 29 empleados no fueron a trabajar por un quite de colaboración de julio a octubre, pero cobraron.
Tras la denuncia que realizó el contralor municipal Jorge Fernández sobre 29 agentes municipales, respecto de quienes advirtió que por "quite de colaboración" no fueron a trabajar durante casi 4 meses pero cobraron su salario, el Municipio dijo que es prematuro definir un resultado.
En la denuncia que el contralor difundió públicamente, solicitó al intendente Carlos Saloniti, que ordene el inmediato sumario a todos los agentes implicados; la devolución del dinero que percibieron en concepto de salarios y oportunamente se disponga su cesantía por incumplimiento de sus obligaciones laborales.
Agregó que los "salarios ilegamente percibidos tuvieron un costo para la comuna de $ 223.784.803,82" y repudió "el abuso de derecho de huelga y el menosprecio por el servicio público que deben brindar" los agentes municipales denunciados.
"Es complejo y apresurado dar una respuesta ahora", sostuvo el secretario de Gobierno, Federico Vita, en diálogo con LMNeuquén. Si bien reconoció que corresponde que un contralor municipal supervise la legalidad de los actos de gobierno y la eficiencia en el uso de los recursos públicos, fue crítico respecto de las "denuncias médicas" que realiza. "Después no puede probar lo que dice cuando tiene que justificar sus dichos con documentación", agregó el funcionario municipal.
"Si bien como Ejecutivo tomamos todo lo que dice para evaluar las situaciones y hacer las correcciones que haya que hacer, deberá también demostrar lo que dice. De lo contrario, sería muy irresponsable de su parte. Además, está lejos de su función juzgar un hecho y ordenar al Ejecutivo a que tome medidas"
En realidad, el contralor en su denuncia pide al Ejecutivo que ordene. De hecho, hacia el final del escrito que publica en el sitio oficial de la Contraloría Municipal pone de manifiesta expresamente "un petitorio" de medidas.
Está claro que no puede decidir nada respecto del destino de estos empleados municipales y de otras cuestiones espinosas que puedan surgir en torno a la gestión de los recursos públicos.
No obstante, el secretario de Gobierno advierte que en su manifiesto el contralor municipal realiza "un juicio final" y valoraciones que deberá demostrar con pruebas.
Puntualmente, el conflicto suscitado entre julio y octubre de 2024 en la órbita de Desarrollo Social tuvo que ver con la situación de los equipos técnicos. Según contó Vita, "tuvieron muchísimos requerimientos de la Justicia lo que llevó a un desborde de la tarea que cumplía, y esta situación hizo que el intendente viajara a Neuquén para solicitar colaboración a la Provincia, ya que era necesario atender situaciones de violencia y otras que tienen que ver con la protección de los niños".
Aseguró que desde el Ejecutivo llevaron adelante muchas negociaciones para destrabar el conflicto. "Entendemos la postura del contralor...él atiende a cuestiones de tipo normativas. Pero nosotros estamos con la dinámica que se presenta todos los días. En todo caso, deberá demostrar lo que dice", insistió.
Por supuesto aseguró que la denuncia que presentó será analizada y se le ofrecerá "una respuesta formal a todas sus consideraciones". También advirtió que desde el punto de vista legal y político, hay que analizar la conveniencia de determinadas acciones. "Tomamos lo que dice, como tomamos las distintas denuncias que ha ido presentado. Tendrán su análisis y una devolución formal", reiteró.
El conflicto, por otra parte, ya fue resuelto hace dos meses. "Ya se trabaja normalmente en la Secretaría de Desarrollo Social", expresó el funcionario municipal.
El contralor, en su denuncia, llamaba la atención respecto de que el conflicto de gran magnitud se llevara a cabo solo por el pedido de un botón antipánico. Sin embargo, el secretario de Gobierno dijo que fueron múltiples los requerimientos del área, desde cuestiones edilicias hasta de seguridad para garantizar la integridad de los trabajadores que abordan situaciones complejas y muchas veces violentas. "Faltaba la desginación de una subsecretaría y el reclamo también era por la cantidad de oficios que se recibían por parte de la Justicia y debían contestar en tiempo y forma. Fue una suma de cosas", cerró.
Fernández, en su escrito, también criticaba que los empleados involucrado ni siquiera fueran contestes con la modalidad de protesta, en tanto un quite de colaboración implica que concurran a sus puestos de trabajo, marquen su ingreso y egreso y cumplan con la jornada. Nada de esto parece haber sucedido.
La documentación que acompaña en el escrito advierte sobre la existencia de notas y actas que declaran el quite de colaboración sin sellos ni firmas, y de supuestas comunicaciones entre ATE y la Subsecretaría de Trabajo que no habrían cumplido con todos los pasos previstos para el inicio de una medida de fuerza. Tampoco hubo marcaciones de control sobre el personal.
El informe pormenorizado que exhibe el contralor municipal se puede consultar haciendo click aquí.
El contralor municipal es una figura que ingresa por concurso a trabajar, tras una terna puesta a consideración del Concejo Deliberante.