Se trata de uno de los exfuncionarios involucrados en la estafa con planes sociales. El gobernador lo expulsó de la administración pública.
En la continuidad de la tolerancia cero a las indisciplinas y la corrupción, el gobierno neuquino rechazó las pretensiones de un exfuncionario del exgobernador Omar Gutiérrez, que fue despedido por el actual mandatario, Rolando Figueroa y condenado por la Justicia ¿Qué quería? Que le paguen los sueldos que le retuvieron por haberle robado a la Provincia.
Se trata del ex coordinador de administración del entonces ministerio de Desarrollo Social, Tomás Siegenthaler, quien fue uno de los condenados por haber desviado fondos que estaban destinados a familias carenciadas a las que jamás les llegaron. Es la llamada causa de los planes sociales, en la que también fueron condenados el ex ministro Abel Di Luca y el ex director de Planes, Ricardo Soiza.
En los tres casos la condena fue a 5 años de prisión efectiva.
El 8 de diciembre de 2025 Siegenthaler interpuso recurso administrativo para insistir en su reclamo de levantamiento de la suspensión preventiva con retención de haberes (que le habían aplicado antes del despido), la reincorporación a sus tareas habituales y el pago retroactivo de haberes, aportes sociales y previsionales e intereses.
El pedido pasó por las distintas instancias administrativas (no le devolvieron ni un centavo) y, hace apenas un pocos días, el gobernador Figueroa rechazó en todos sus términos el recurso administrativo.
Entre otras cosas, se argumentó que la situación jurídica del ex funcionario ya no se encuentra determinada por una medida preventiva de carácter cautelar, instrumental y transitorio, sino por una sanción disciplinaria expulsiva dictada por la autoridad competente, como consecuencia de la responsabilidad administrativa acreditada en el sumario respectivo.
“Desde esa perspectiva, la pretensión de levantamiento de la suspensión preventiva y retorno a las tareas habituales ha devenido improcedente, toda vez que la relación de empleo público quedó alcanzada por los efectos propios del acto administrativo que dispuso la exoneración”, se expresó en la documentación oficial.
Se destacó, además, que “no puede dejar de mencionarse que la solución contraria conduciría a un resultado jurídicamente irrazonable y materialmente disvalioso, pues implicaría reconocer el pago íntegro de haberes retenidos a favor de un agente cuya responsabilidad administrativa fue acreditada por hechos de extrema gravedad institucional, con perjuicio directo al patrimonio estatal y afectación de fondos que tenían por finalidad atender situaciones de vulnerabilidad social”.
Siegenthaler consideraba vulnerado el principio de legalidad y había solicitado el levantamiento de la medida, su reincorporación y que se ordenara el pago de sus haberes y aportes sociales y previsionales desde el primero de mayo de 2024, más los intereses devengados desde el 28 de octubre de 2024 hasta la fecha en que la medida cautelar quedara sin efecto.
Pero la realidad es que fue exonerado (castigo más severo que la cesantía) por integrar una banda destinada a quedarse con fondos públicos que, en su destino original, debían atender situaciones de vulnerabilidad producto de la desocupación.
Los delitos que la Justicia dio por acreditados se perpetraron durante el período comprendido entre los años 2020 y 2022 inclusive, cuando gobernaba Gutiérrez.